En dos semanas definen suerte de otras tres EPS

Tan solo la EPS Saludcoop maneja casi 4 millones de afiliados, que representan el 30 por ciento del total del sistema de salud.

El Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) está en la mira de la Supersalud y de la Fiscalía.

El superintendente Nacional de Salud, Conrado Gómez, aseguró el jueves que en la mira de ese organismo de control están en este momento "otras seis EPS que podrían ser intervenidas", pero no quiso dar nombres, para no entorpecer las investigaciones que se están llevando a cabo.

"Tenemos la responsabilidad y la obligación de revisar todas las EPS. Estas entidades reportan trimestralmente su situación financiera y semestralmente su situación de salud. Lo que pasa es que hay 72 EPS en total y normalmente logramos hacer una visita en terreno por año o una cada dos años, según los recursos", explicó Gómez.

ELTIEMPO.COM estableció que, en las próximas dos semanas, se les cerrarán los informes de visitas inspectivas a tres de estas EPS y una vez presenten sus descargos, se procederá a definir su situación.

Varias de ellas deberán explicar el desvío del dinero de la salud para eventos ajenos al sistema.

La visita de inspección al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) también está en proceso y va de la mano con la investigación penal que adelanta allí la Fiscalía por el presunto desembolso irregular de dineros a EPS.

En los últimos cinco años, ese fondo ha desembolsado 4,9 billones de pesos, de 7,9 que las EPS aspiraban a cobrar.

La Contraloría también avanza en este expediente.

Nuevas investigaciones

La Contraloría confirmó que se abrió indagación preliminar a otras tres EPS.

Lo que se busca es determinar si aplicaron el mismo modelo de integración vertical por la que está duramente cuestionada Saludcoop.

En la práctica, esto significa que crearon empresas para prestar todos los servicios y para autocontratarse en el suministro de medicamentos, laboratorio, exámenes y hasta lavandería.

"La Contraloría busca si hubo una indebida utilización de los recursos y por consiguiente la afectación al servicio público de salud y detrimento patrimonial", dice la resolución expedida este jueves por el ente de control.

El documento señala que por ser entidades que manejan recursos públicos procedentes de la Unidad de Pago por Capitación, se hace necesario revisar la veracidad de la información que le entregan para los recobros, tutelas, sistema de contratación con las IPS, operaciones de tesorería y hasta el manejo de sus bases de datos.

REDACCIÓN JUSTICIA