Gran
revuelo ha generado la agresión de la que fue víctima el viernes pasado Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional. Una multitud
de estudiantes y otras personas ajenas a la institución retuvo al directivo
durante varias horas para obligarlo a discutir la situación financiera de ese
centro educativo. Lo anterior desembocó en una incursión armada dentro de la
Ciudad Blanca y en un llamado del presidente Álvaro Uribe orientado a
identificar a los agresores y procesarlos por secuestro.
Al recurrir al brutal e intimidatorio acto contra la integridad física del
rector Wasserman -que amerita un absoluto rechazo-,
los manifestantes, torpemente, apuntaron el foco de atención hacia sus
violentos mecanismos de protesta y lejos del real y urgente problema en
cuestión: el alarmante estado de las finanzas de las universidades públicas. La
discusión del presupuesto nacional del año entrante en el Congreso -que hoy
continúa su trámite parlamentario- ha sido aprovechada por los 32 rectores del
Sistema Universitario Estatal (SUE) para alertar sobre la insoportable crisis
financiera que los afecta y para pedir recursos adicionales por unos 150.000
millones de pesos.
Estos denuncian el desfase presupuestario que sus instituciones han venido
sufriendo desde que la Ley 30 de 1992 amarró sus recursos al índice de precios
al consumidor. A lo largo de más de quince años, estos claustros han venido
invirtiendo en la generación de nuevos cupos, profesionalización del cuerpo
profesoral y actualización tecnológica y de laboratorios, mientras que los
montos asignados no han crecido al mismo ritmo. El déficit se recrudece ante
los bajos cobros de matrícula, por atender a los estudiantes de los estratos
socioeconómicos menos favorecidos.
Un reciente informe de la Contraloría General soporta esta alarma disparada
por los rectores. De acuerdo con el ente de control, las universidades públicas
han creado desde el 2000 unos 484.000 nuevos cupos de educación superior, el 88
por ciento del total generado por todo el sector. En casi diez años, el sistema
universitario público pasó de contar con el 33 por ciento de los estudiantes
matriculados del país al 55 por ciento. La Contraloría, así mismo, reporta un
incremento del número de profesores con doctorados y de los grupos de
investigación acreditados. Al tiempo con este avance, el informe denuncia que
las transferencias del Gobierno han disminuido de 1,73 billones de pesos en el
2000 a aproximadamente 1,6 billones de pesos del 2009. A estos guarismos, el
Ministerio de Educación responde que las partidas se han incrementado en 17 por
ciento entre el 2003 y el 2009.
Más allá de la discusión contable sobre el monto de las transferencias, la
realidad financiera del SUE es dramática y requiere medidas estructurales. Aunque
ya el Gobierno anunció una partida adicional de 95.000 millones de pesos para
el 2010, esta solo servirá para aplazar el debate uno o dos años más. Además,
los rectores se oponen a que los dineros sean administrados por el Ministerio
de Educación y no entren a sus cajas.
Una reforma estructural de la financiación de las universidades públicas no
sólo pasa por cerrar esta brecha presupuestaria y ampliar los recursos. También
debe incluir una manera más equitativa para repartirlos y así cambiar ciertas
desigualdades: el 80 por ciento de los dineros se asignan a los 10 centros
universitarios más grandes. La aspiración del Ministerio, de garantizar
recursos para las instituciones más pequeñas y regionales, debe ser apoyada por
los congresistas. También esta sería una excelente oportunidad para introducir
otros criterios de asignación que incentiven la eficiencia, la equidad
regional, la buena gerencia y la autofinanciación.