Desfase universitario

Gran revuelo ha generado la agresión de la que fue víctima el viernes pasado Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional. Una multitud de estudiantes y otras personas ajenas a la institución retuvo al directivo durante varias horas para obligarlo a discutir la situación financiera de ese centro educativo. Lo anterior desembocó en una incursión armada dentro de la Ciudad Blanca y en un llamado del presidente Álvaro Uribe orientado a identificar a los agresores y procesarlos por secuestro.

Al recurrir al brutal e intimidatorio acto contra la integridad física del rector Wasserman -que amerita un absoluto rechazo-, los manifestantes, torpemente, apuntaron el foco de atención hacia sus violentos mecanismos de protesta y lejos del real y urgente problema en cuestión: el alarmante estado de las finanzas de las universidades públicas. La discusión del presupuesto nacional del año entrante en el Congreso -que hoy continúa su trámite parlamentario- ha sido aprovechada por los 32 rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) para alertar sobre la insoportable crisis financiera que los afecta y para pedir recursos adicionales por unos 150.000 millones de pesos.

Estos denuncian el desfase presupuestario que sus instituciones han venido sufriendo desde que la Ley 30 de 1992 amarró sus recursos al índice de precios al consumidor. A lo largo de más de quince años, estos claustros han venido invirtiendo en la generación de nuevos cupos, profesionalización del cuerpo profesoral y actualización tecnológica y de laboratorios, mientras que los montos asignados no han crecido al mismo ritmo. El déficit se recrudece ante los bajos cobros de matrícula, por atender a los estudiantes de los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

Un reciente informe de la Contraloría General soporta esta alarma disparada por los rectores. De acuerdo con el ente de control, las universidades públicas han creado desde el 2000 unos 484.000 nuevos cupos de educación superior, el 88 por ciento del total generado por todo el sector. En casi diez años, el sistema universitario público pasó de contar con el 33 por ciento de los estudiantes matriculados del país al 55 por ciento. La Contraloría, así mismo, reporta un incremento del número de profesores con doctorados y de los grupos de investigación acreditados. Al tiempo con este avance, el informe denuncia que las transferencias del Gobierno han disminuido de 1,73 billones de pesos en el 2000 a aproximadamente 1,6 billones de pesos del 2009. A estos guarismos, el Ministerio de Educación responde que las partidas se han incrementado en 17 por ciento entre el 2003 y el 2009.

Más allá de la discusión contable sobre el monto de las transferencias, la realidad financiera del SUE es dramática y requiere medidas estructurales. Aunque ya el Gobierno anunció una partida adicional de 95.000 millones de pesos para el 2010, esta solo servirá para aplazar el debate uno o dos años más. Además, los rectores se oponen a que los dineros sean administrados por el Ministerio de Educación y no entren a sus cajas.

Una reforma estructural de la financiación de las universidades públicas no sólo pasa por cerrar esta brecha presupuestaria y ampliar los recursos. También debe incluir una manera más equitativa para repartirlos y así cambiar ciertas desigualdades: el 80 por ciento de los dineros se asignan a los 10 centros universitarios más grandes. La aspiración del Ministerio, de garantizar recursos para las instituciones más pequeñas y regionales, debe ser apoyada por los congresistas. También esta sería una excelente oportunidad para introducir otros criterios de asignación que incentiven la eficiencia, la equidad regional, la buena gerencia y la autofinanciación.