Desangre vergonzoso
El
país ha venido oyendo, desde hace años, las quejas del Ministro de la Protección
Social, Diego Palacio, sobre el valor de los medicamentos no cubiertos por el
POS, que el sistema de salud debe pagar a las EPS: los llamados recobros. Para
el funcionario, resultaba inconcebible que mientras al desaparecido Seguro
Social se le pagaban 250.000 pesos por un fármaco, otras aseguradoras cobraran
por la misma medicina hasta 1,7 millones de pesos.
Los reclamos de Palacio volvieron a oírse en medio de los debates generados por
los decretos de la Emergencia Social. El Ministro ha dicho que si se controlan
la sobreintermediación y los sobrecostos
de los medicamentos, sería posible ahorrarle al sistema de salud más de 400.000
millones de pesos al año. Es decir, casi lo que representan los impuestos
generados vía Emergencia.
El tema es tan importante, que una de las razones esgrimidas para justificar la
declaratoria del estado de excepción es que los recobros por medicamentos no
incluidos en el POS se dispararon a tal grado que, de continuar con esa
tendencia, harían inviable el sistema. Sobre eso no
hay duda. Desangre vergonzoso. Basta citar un ejemplo: solo en el 2008, el
sistema pagó más de 17.000 millones de pesos por 90.885 recobros de Atorvastatina, un medicamento básico para tratar el
colesterol alto que, pese a no estar en el POS, debe ser formulado por un
médico medianamente actualizado. Hasta aquí sin problema.
Lo inaudito es que hoy se sabe que dicho fármaco fue cobrado por las EPS al
sistema al doble, en promedio, del valor al que ellas se lo pagaron a los
laboratorios (incluso los genéricos). En la enmarañada base de datos del Fondo
de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que responde por esos pagos, reposa
abundante evidencia de que a este mecanismo se ha venido recurriendo, con
decenas de medicamentos, de manera permanente y dolosa para defraudar al
sistema. Es claro que las autoridades de salud saben, desde hace años, que esto
ocurre. Por eso cabe preguntar por qué no se han adoptado medidas radicales
para cerrarles el paso a quienes se lucran así con miles de millones de pesos que
el país destina, con mucho esfuerzo, a financiar los servicios de salud. A lo
anterior le cabe otra perla: muchos de esos medicamentos recobrados como si
fueran no POS (y con sobrecostos) sí estaban
cubiertos por los planes de salud, es decir que las EPS debían entregárselos a
sus afiliados sin cobrárselos al sistema.
Vale recordar que la Defensoría del Pueblo encontró que el 54 por ciento
corresponde a servicios de salud negados por las EPS, pese a que la gente tenía
derecho a ellos. Y ya se sabe que cuando los jueces ordenan su entrega, el
Fosyga se ve obligado a pagar. Está bien que se haga eco de la declaración del
presidente Uribe según la cual "Colombia tiene los medicamentos más caros
del continente", y que hasta el propio cardenal Pedro Rubiano pida que se
adopten medidas para que haya precios más razonables.
Hay que decir, sin embargo, que de nada sirve pelear por conseguir que los
laboratorios vendan las drogas más baratas si se sigue permitiendo que avivatos las sigan recobrando al sistema infinitamente más
caras, amparados en el caos de la base de datos del Fosyga y en la falta de
control del Estado. Solo en el 2008 se pagaron recobros por 1,8 billones de
pesos. ¿Cuánto de ese valor corresponde a sobrecostos?
¿Quién se quedó con esos dineros? ¿Por qué se les escapó tamaño detalle a los
responsables de una Emergencia, que resolvieron cubrir los faltantes del
sistema, generados por desangres como este, metiéndoles la mano al bolsillo
incluso a los pacientes? Los organismos de control tienen la palabra.