Hay que derogar la ley del Plan
de Desarrollo
La
ley del Plan de Desarrollo es una bomba económica y social.
Por estos días se repite un ejercicio de cada cuatro años, que no tiene sentido
y se ha convertido en un peligro para la economía. Me refiero a la discusión
del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Lo mejor
que le podría pasar al país sería aprobar una reforma constitucional que la
eliminara. Y pronto.
Pertenezco a una generación que sintió un enorme atractivo por la planeación
económica. De hecho, el primer empleo, apenas terminé el pregrado
hace la friolera de 41 años, fue en Planeación Nacional. Estaba en sus finales
la que sería la época de oro de la entidad, en la administración del presidente
Lleras Restrepo. Y, naturalmente, el tema me siguió
interesando.
Pero la ley del Plan de Desarrollo, obligación constitucional de los gobiernos
desde 1991, se convirtió en una feria de artículos que distorsionaron por
completo el concepto de la planeación. Como escribió Alejandro Gaviria cuando
se debatía la ley en el 2007, el Plan Nacional de Desarrollo "no es plan,
ni es nacional, ni es de desarrollo" (http://agaviria.blogspot.com/2007/05/ni-plan-ni-desarrollo.html).
Imagínense ustedes que la ley del plan entró al Congreso con 170 artículos y el
jueves de la semana anterior ya tenía 218 ('El Plan, más cerca de ser ley',
Portafolio, 18 de marzo de 2011, p. 8). Y los artículos poco tienen que ver con
el objeto del plan, que debería ser definir las prioridades de la acción
gubernamental y unos proyectos de inversión consistentes con estas.
¿O es que apropiar recursos para el personal ejecutivo de
En ningún momento demerito el trabajo ingente del Departamento Nacional de
Planeación y de sus técnicos. Esa es la parte fundamental del plan, la que se
justifica; la que se realizó entre 1958 y 1994. Los planes ordenaban los
programas de desarrollo o recogían las ideas generales de la orientación
político-económica de los gobiernos. En un caso, había preferencias sectoriales
-como la construcción urbana o la infraestructura de transporte-. En otro,
gastos en proyectos bajo el propósito del gobierno de turno -la equidad, la paz
o la economía social-.
El espíritu de esa planeación orientadora comenzó a modificarse en 1998 y se
perdió del todo en el 2003 y el 2007. Con exabruptos como haber eliminado el
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep), o
haber regulado sobre gas natural, en el último de los planes. Porque la
discusión de la ley en el Congreso da para todo tipo de presiones políticas,
gremiales y regionales, con consecuencias que son, las más de las veces,
negativas desde el punto de vista de las finanzas públicas y de la equidad
social. La ley, además, rige durante el período presidencial, lo que impide
legislar con un criterio de largo plazo. Por eso, un tema como el de la edad de
jubilación no podía estar en la ley del plan, a pesar de las buenas intenciones
del Gobierno.
La ley del plan es una bomba económica y social. El plan de desarrollo dejó de
ser un documento académico para convertirse no solo en un "revoltijo
ideológico", sino en un sancocho mal cocinado y dañino para la salud. La conclusión
es evidente: mientras más pronto se derogue la norma, más rápido se le hará un
bien al país.