Surgen más denuncias por anomalías en el Psiquiátrico

La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Salud señaló que “hechos así pueden terminar en una reestructuración, afectando a la comunidad”.

Entre los 31 contratistas que, según las directivas del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, se vincularon a la entidad a comienzos de este año, uno de ellos llama la atención.

Pero no por su notable presencia. Todo lo contrario. En el centro asistencial aseguran que nunca lo han visto. Ni siquiera recorrer las instalaciones, trabajar por algunas horas o permanecer en los parqueaderos a la espera de alguna orden directiva para brindar el servicio de motorista.

De acuerdo con denuncias recibidas por la Procuraduría, y conocidas por El País, en la institución de salud mental nadie da razón de este funcionario, que bien podría recibir el adjetivo del ‘motorista fantasma’.

Lo único visible es su nombre en un listado de personal entregado por el gerente del hospital, Álvaro Martínez Payán, hermano del secretario general del Valle, Julio César Martínez Payán.

El contratista aparece como uno de los dos conductores de gerencia del Psiquiátrico: el señor Nelson Alfonso Perlaza Correa. “Pero nunca ha venido a trabajar por acá”, reseña la denuncia.

El País indagó entre trabajadores de las áreas operativas del Psiquiátrico, entre ellas, la de mantenimiento y la zona donde permanecen los conductores. La respuesta fue igual: “Nunca ha venido y no sabemos quién es”. De acuerdo con la denuncia, ninguno de los cuatro choferes en el hospital responde al nombre de Nelson A. Perlaza, cuyo contrato es el de prestar “servicios de motorista del vehículo Ford Skate, placa GUL-320, asignado a la gerencia, durante el período comprendido del 4 de enero al 30 de junio de 2010”.

La denuncia, que hace parte de una serie de cuestionamientos en el Ministerio Público, insiste que Perlaza Correa no ha desempeñado la función por la cual se le vinculó para devengar en ese período un total $7.356.000.

Sin embargo, sí ha cobrado sagradamente los cheques girados cada mes a su nombre de una cuenta del Bbva. El País conoció uno de ellos, el 0003877 por $1.226.892, que corresponde a una de las mensualidades, un salario equivalente al de un profesional que está iniciando su carrera laboral.

Consultado al respecto, el gerente del Psiquiátrico respondió que “no necesariamente” esa persona debe ser conocida por los empleados del hospital. Y agregó que cuando llegó a asumir la gerencia, le dijo al anterior conductor: “Atilio, déjeme yo organizo las cosas. Las veces que lo necesite, usted maneja el carro. Y el señor se mantenía en el hospital”.
“Sí, pero Atilio no está y a él sí lo veíamos, pero a este señor Perlaza no”, replican los denunciantes.

El gerente sostuvo “que el carro no fue destinado sólo a la gerencia sino a los procesos administrativos”, para transportar a los funcionarios que lo requieran. Su respuesta fue respaldada por las funcionarias del hospital, Clara Patricia Pérez, jefe del área financiera, y Adriana Sandoval, de talento humano, que en visita a El País, en compañía del gerente Martínez, aseveraron que sí conocen a Perlaza Correa.

El País buscó información sobre Perlaza, el cual votó en los comicios de este año, en Vijes. Este diario también se comunicó a dos números de teléfono celular, pero no fue posible ubicarlo.

Otra de las anomalías denunciadas ante el Ministerio Público tiene que ver con un posible conflicto de intereses en la Junta Directiva del centro hospitalario, que se encarga de la toma de decisiones en materia de contratos, como lo ratificó la misma Gerencia del Psiquiátrico el pasado 13 de junio, cuando El País publicó otras presuntas irregularidades de un informe de revisoría fiscal, que denunciaba la insólita compra de 80 manteles de lino con guipur por $14.400.000.

Según la más reciente denuncia, el presidente de la Junta, José F. Hinestroza, es a su vez, el asesor jurídico de la Cooperativa de Hospitales del Valle del Cauca, Cohosval, entidad con 32 años de fundación y que provee de medicamentos al Psiquiátrico, con facturas que pueden alcanzar, cada una, alrededor de $50 millones. Uno de estos recibos, con fecha del 14 de abril de este año, suma $58.404.575.

El País se ha comunicado desde la semana pasada con Cohosval para hablar con Hinestroza y allí dijeron que le dieron el recado, el cual tampoco tuvo respuesta.

Según expertos jurídicos consultados, toda junta directiva de una empresa tiene como misión controlar, entre otros temas, la contratación y no puede ser juez y parte al momento de evaluar propuestas de diferentes oferentes.

Contratos de salud mental

También resultan inquietantes, de acuerdo con la denuncia ante la Procuraduría, cinco contratos que suman exactamente, ni un peso más ni un peso menos, $600 millones con una misma cooperativa de salud, distinta de Cohosval, y que fueron firmados el 2 de diciembre de 2009 con anticipos pagados nueve días después.

Lo que genera dudas son los objetos de tales contratos, que conforme con la denuncia, son muy similares y ‘gaseosos’, por lo que se podría estar presentando un fraccionamiento “para eludir un proceso de licitación pública”. Sobre el particular, Martínez Payán dijo que el Psiquiátrico por ser empresa social del Estado no se rige por la Ley 80 de contratación estatal.

Pero las denuncias recalcan que aunque el Psiquiátrico tiene esa autonomía, “el artículo 21 del Reglamento Interno establece que el hospital llevará a cabo un proceso de licitación pública para contratos que superen mil salarios mínimos legales vigentes, es decir, cuando el tope mínimo sea de $515 millones y, en este caso, se está hablando de $600 millones”.

El gerente Martínez Payán respondió que “la contratación de salud mental y los objetos que usted menciona los hace la Secretaría de Salud Departamental, a través de su área de Salud Mental. Yo no puedo responder por algo que no hice”.

¿Qué dice el Secretario de Salud del Valle?

Sobre los contratos que suman $600 millones, el secretario de Salud del Valle, Héctor Useche, dijo que se entregaron $627 millones por un convenio de salud mental, cuyas finalidades, según él, no son similares, como dice la denuncia.

“En cuanto a cómo se contrató y cómo se escogió al contratista, esta decisión le corresponde a la gerencia por ser el operador del gasto”, dijo Useche. Sobre el supuesto conductor ‘fantasma’, anotó que esta decisión no es de su competencia.

¿Similares?

El contrato con la Gobernación, el 88-09, se hizo por $100 millones con el objeto “de desarrollar un sistema de vigilancia en salud mental SPA –sustancias psicoactivas– y violencia en eventos priorizados por la Secretaría de Salud”.

Otro fue por $113.500.000 para “la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en la salud de los vallecaucanos, en prevención, mitigación y superación de la política de reducción del consumo”.