El problema del sistema de salud en Colombia no es de policía, aunque
lamentablemente, como en tantas otras esferas de la vida colombiana, en la
provisión de servicios de salud por parte del sector privado los más
emprendedores han sido los pillos que identificaron las fallas y debilidades
del sistema para desviar recursos, y montaron una red de corrupción que tiene
vasos comunicantes con otras actividades ilícitas, que van desde el juego del chance, al narcotráfico y el paramilitarismo.
A esta “guachafita de la salud” le quiere poner fin el Presidente, en buena
hora, y ha convocado a las autoridades responsables para que se hagan cargo.
Hay que evitar que esto se convierta en una cacería de brujas y que injusta o
innecesariamente se sacrifiquen instituciones. Los casos de corrupción y
criminalidad se deben dejar en manos del mejor policía del mundo, de la
Fiscalía y la Procuraduría, y orientar la atención del Alto Gobierno y del
equipo técnico a resolver los problemas institucionales, financieros, técnicos
y de diseño de un sistema que no es perfecto, pero que tiene muchos logros que
mostrar.
El presidente Santos hizo referencia a ellos en su discurso en el homenaje a
César Gaviria cuando la Constitución de 1991 cumplió veinte años. Dijo que
gracias a la Ley 100 se ha pasado de una cobertura de salud del 58% en 1997 a
una del 96% el año pasado. Para los más pobres, la cobertura del régimen subsidiado
pasó de un 47% en 2003 a un 98% en 2010. Estos no son resultados deleznables, y
pocos países los pueden mostrar. Pero como en el caso de la educación, habiendo
logrado niveles altos de cobertura, hay que trabajar en la calidad, la
transparencia y el fortalecimiento institucional.
Santos está preparado para esto y ve la actual crisis como una oportunidad
para hacerlo. El Gobierno también se propone eliminar las diferencias entre los
regímenes subsidiado y contributivo antes del próximo 1º de diciembre, y va a
trabajar en la calidad de las instituciones, a reducir el número de las
promotoras de salud y a mejorar el control del sistema de recobros. Promete
agilizar los pagos y meter en cintura a los proveedores de productos
farmacéuticos para parar el desangre vía abusos en los precios.
Todo esto está muy bien. Pero hay un problema crítico que no se está
tocando. El sistema, con todos sus logros, no es sostenible si no se acotan sus
costos y si no se logra que el derecho que se consagre en materia de acceso a
la salud sea el de acceder a los servicios del régimen unificado y no a otros
que decidan los jueces.
Para evitar la corrupción en los recobros, el sistema debe ser automatizado
y debe llevarse a cabo de manera rutinaria y a tiempo. El control no puede
llevarse a cabo ex ante, porque se promueve la corrupción y se elevan
exageradamente los costos. Las EPS que sobrevivan deben hacerse responsables
por la veracidad de sus reclamos y serían acreedoras a multas si se descuidan o
apartan de la verdad, sin perjuicio de que por ese mismo motivo pierdan sus
licencias. Los precios de los servicios y los de los medicamentos que se
reconozcan en los recobros deben ser estandarizados y preestablecidos, para
ponerle control a los abusos de los proveedores y de las IPS.
Otro problema mayor que debe resolverse en esta coyuntura es que no hay
liderazgo ni de parte del sector privado, atemorizado por la cacería de brujas,
ni las entidades públicas responsables.