Con ánimo de desatar la discusión pública que despierte el interés sobre un
tema crucial para el futuro de Colombia, el Gobierno Nacional ha revelado su
proyecto de reforma a la educación superior.
En la balanza de los elementos en discusión está por un lado la necesidad de
poner en práctica la teoría de que para lograr una sociedad más justa y con
mayores oportunidades de progreso y de equidad, es necesario poner a
disposición de la gente la educación superior. En ese propósito, y ante las
limitaciones del Estado para financiar por sí solo el esfuerzo, o ante las
dificultades de las entidades privadas sin ánimo de lucro para conseguir los
recursos, no parece descabellado incentivar al sector privado para que invierta
en la educación.
Es otra manera de ver la solución de uno de los más difíciles obstáculos a
la equidad social, que parece tener un desarrollo importante y fructífero en
Brasil. En nuestro país se puede ver desde hace muchos años la privatización de
la educación superior en las incontables universidades de garaje que se montan
como fabricantes de diplomas sin consideración alguna sobre la calidad y la
pertinencia de la instrucción que imparten, obligando al Ministerio del ramo a
multiplicarse para tratar de defender en algo la educación que reciben muchos
colombianos.
No estamos hablando entonces de algo que apenas se está inventando. Ni es el
momento para revivir el viejo debate de si la educación debe ser pública o
privada. Sin duda, el Estado debe mantener el esfuerzo por llevar educación a
los segmentos de la población que necesitan del apoyo oficial. Pero no puede
pedirse que mantenga el gasto en entidades cuyos resultados no satisfagan las
demandas de los colombianos, convirtiéndose en pesadas cargas que dilapidan el
escaso recurso económico, como ocurrió en
Pero tampoco puede abrirse la puerta para que sea el ánimus
lucrandi el que prime en la universidad. Mientras
nuestro país mantenga los índices de inequidad que hoy presenta, la educación
democrática y apropiada debe ocupar lugar de preferencia entre sus prioridades.
Es la otra parte de la balanza, la que obliga a imponer límites precisos para
impedir que se antepongan las utilidades a la necesidad de invertir en una educación
útil para la sociedad y abierta para todos.
La historia de la humanidad ha demostrado que la educación es la manera de
romper con los desequilibrios, de construir oportunidades y de romper los
estrechos círculos ideológicos que terminan convirtiendo a la academia en
guetos de espaldas a las realidades nacionales. Eso es lo que necesita un país
donde el proceso educativo actúa a manera de embudo que ha dejado por fuera a
tres millones doscientos mil bachilleres.
En ese orden de ideas, la propuesta presentada por