El Gobierno, los organismos de control y la Fiscalía están literalmente
corriendo para cumplir el ultimátum que hace casi dos semanas les dio
la Corte Constitucional para empezar a recuperar la plata perdida por
corrupción y tapar las venas rotas por las que se desvían los recursos
para la salud de todos los colombianos.
El pasado 16 de noviembre, en una sesión de seguimiento a la sentencia del
2008, que declaró el "estado inconstitucional de cosas en materia de
salud", la Corte les dio 20 días "improrrogables" para
presentar un plan que controle el desangre y le dé al sistema sostenibilidad
financiera.
Los magistrados también emplazaron a la Procuraduría y la Fiscalía para que
entreguen resultados sobre las investigaciones disciplinarias y penales contra
los salpicados por el escándalo del saqueo a la salud, tanto en el régimen
subsidiado como en el contributivo.
"No existe justificación alguna para que se sigan inyectando recursos al
sistema, cuando claramente nos encontramos ante un saco roto, que sin la debida
y necesaria actuación de los organismos de regulación, control y vigilancia
tendrán un destino similar a los dineros ya malversados", advierte la
Corte.
La Contraloría -que según los magistrados es el único organismo de control que
puede mostrar resultados concretos en la tarea de investigar los malos manejos
y recuperar el dinero malversado- calcula que en los últimos cinco años
el detrimento, bien por corrupción o malas inversiones, llega a los 8 billones
de pesos.
Tan solo en la revisión de la plata entregada a las regiones para el régimen
subsidiado en un año (1,5 billones) se encontraron posibles fraudes por 1,016
billones.
Pero la Corte va más allá y pide que se haga control previo y simultáneo,
especialmente a los recobros de procedimientos y medicamentos supuestamente no
cobijados por el Plan Obligatorio de Salud (POS).
"Los entes de control deben ejercer la facultad de inspección y vigilancia
en un momento anterior a la salida de esos recursos de las arcas del Estado,
para hacer un seguimiento minucioso a su destinación y ejercer un
acompañamiento permanente, conminado a custodiar el erario de las posibles
malversaciones o dilapidaciones de las que pueda ser objeto", dice.
También destaca que el Gobierno está en mora de contar con una base de
datos depurada y segura, para evitar que pacientes ya fallecidos o
inexistentes sean la excusa para recobros por supuestos tratamientos
millonarios.
"Se advierte que el tema de inflación de costos de medicamentos se ha
convertido en uno de los mayores focos de corrupción del sistema (ver
gráficos), que la actuación de los órganos de control es inoperante e ineficaz,
y que la normativa que ha venido desarrollando el Gobierno es incipiente para
controlar aquella situación de abuso", dicen los magistrados.
De 4.244 millones de recobros al Fosyga en el
2000, según datos del Ministerio de Salud, se pasó a 2,4 billones en 2010.
Y a pesar de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tomado varias
medidas, como ponerles 'techo' al precio de medicamentos, los recobros del año
pasado estuvieron en el orden de los 2,1 billones de pesos.
"No basta con la regulación exclusiva de procedimiento de recobros; las
prácticas defraudatorias han permeado el sistema,
desangrando significativamente los medicamentos POS y No POS", asegura.
El alto tribunal, el Gobierno y los órganos de control han reconocido que no
todos esos reclamos son injustificados, pero las investigaciones en curso por
esa sola materia alcanzan los 2 billones de pesos. Y es que se han encontrado
casos como el del Trastuzumab (medicamento biológico
para el cáncer), por el que en el 2009 se recobraron al Fosyga
219.679 unidades. Sin embargo, el laboratorio fabricante reportó que ese año
solo vendió 6.286 unidades.
El Minsalud, que ya venía trabajando en el
tema, tiene tres meses para hacer una profunda cirugía al sistema de recobros,
no solo para tapar los boquetes de la corrupción, sino para agilizar los pagos
legítimos, pues la Corte considera que la tramitomanía imperante golpea la
calidad del sistema.
'Plazos son difíciles de
cumplir': Acemi
Jaime Arias, presidente de Acemi, que agremia a la
mayoría de EPS del contributivo, dice que no hay otra opción que acatar las
decisiones judiciales, aunque considera que algunos plazos son de muy difícil
cumplimiento. "Las dificultades hay que superarlas y los entes de control
tienen la palabra", afirma.
'A cumplir las órdenes'
La contralora Sandra Morelli afirmó que "si
los particulares que manejaban recursos de la salud los usaron para incrementar
su patrimonio, deben devolverlos, como lo indican el Consejo de Estado y las
cortes". Dijo, además, que ya notificó a la Supersalud
para que exija a los implicados reintegrar los dineros.
La Contralora aseguró que las órdenes son para cumplirlas y que tiene bajo
investigación a EPS y otros actores del sistema, que han incurrido en esta
práctica. "Calculamos que 1,1 billones de pesos fueron desviados solo en Caprecom -dijo-. En Saludcoop,
los usos indebidos sobrepasan los 2 billones de pesos. Hay montos importantes
en otras EPS, como Coomeva, Sánitas
y la Nueva EPS. También hay hospitales y otro tipo de fraudes, como el de la
Clínica Candelaria con Interbolsa".
Regaño a Fiscalía y
Procuraduría
En su decisión, la Corte reconoce que las investigaciones de la Contraloría
han sido claves para develar los alcances de la corrupción en el sistema de
salud, pero advierte que sigue esperando resultados de la Procuraduría y la
Fiscalía por los mismos hechos.
Incluso, regaña a esta última entidad porque "no dio respuesta a las
preguntas (...) en relación con los resultados de las 157 investigaciones
aducidas en la anterior audiencia, frente a la corrupción en el sistema de
salud".
El caso de Saludcoop, la EPS más grande del país, es
emblemático. Mientras la Contraloría llamó a su expresidente,
Carlos Gustavo Palacino, a un juicio fiscal que
supera el billón de pesos, la Procuraduría lo inhabilitó en dos procesos para
contratar, por 20 años, con el Estado. Esto, por "cobros ilegales al Fosyga" e inversiones irregulares con recursos del
sistema de salud. La Fiscalía, sin embargo, no despega en su caso y ni siquiera
lo ha llamado a declarar formalmente. Contraloría y Fiscalía investigan a
exfuncionarios públicos y directivos de otras grandes EPS por señalamientos
similares.