Editorial: ¿Cuánto vale la salud de cada uno?

El país no está en capacidad de saber, entre otras cosas, de qué se enferma y se muere la gente.

    Después del agrio debate de esta semana, generado por denuncias de supuestas sobrefacturaciones de medicamentos del POS, solo quedó claro que ni un Nobel de economía estaría en capacidad de estimar cuánto le cuesta al país la salud de cada colombiano.

    Año tras año, en un proceso parecido al que se sigue con el ajuste del salario mínimo, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) define el incremento de la llamada Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud entrega a las EPS para asegurar la atención de cada afiliado.

    Pese a los avances en el tema, 17 años después de creado el régimen, sigue siendo muy difícil establecer ese cálculo exacto. ¿La razón? La información que remiten la mayoría de las EPS -que es un insumo fundamental para lograr dicha tarea- no es confiable. Para la muestra está el hecho de que solo 13 de las 24 EPS del régimen contributivo (es decir, las que cubren a afiliados que aportan a la salud) y 4 de las 46 del régimen subsidiado (que afilian a los colombianos sin capacidad de pago) entregan datos que pasan los siete filtros de validación del Ministerio de la Protección Social.

    El reajuste de la UPC se calcula con los reportes que sí son válidos. El problema es que ahora estos también presentan inconvenientes, lo que quedó en evidencia a fines del año pasado, cuando la CRES se vio obligada a aplazar para abril la definición de dicho incremento, porque identificó desfases e inconsistencias de marca mayor, que hicieron imposible esta labor.

    Se encontró, por ejemplo, que, sin que las variables cambiaran, y de un año a otro, el monto promedio de atención de cada colombiano aumentó alrededor del 18 por ciento, cuando el costo de vida solo creció el 2 por ciento. Más increíble aún es el hecho de que ese incremento se produjo a expensas de medicamentos que están contenidos en el plan de salud (POS). Esto prendió las alarmas y obligó al ministerio a solicitarles a la Contraloría y a las superintendencias de Salud y de Industria y Comercio investigar el tema.

    Las EPS han dicho que, si han incurrido en errores al remitir su información, lo han hecho en forma involuntaria. Aseguran que el sistema que debe analizar en detalle los más de 300 millones de datos que ellas reportan al año es confuso y engorroso. Los observadores críticos del sector tienen otra teoría: que los errores buscaban, intencionalmente, demostrar un crecimiento del costo de la atención en salud de los colombianos para presionar un reajuste más alto del valor de la UPC que las EPS reciben cada año.

    Como están las cosas, y el sistema, es imposible decir quién tiene la razón, pues tamaño problema no es sino el resultado del caos en las bases de datos y el desorden de información que históricamente arrastra el esquema desde su creación, en 1993.

    Gracias a este lío estructural -que no resolvió la última reforma de la salud-, el país tampoco está en capacidad de saber con certeza, entre otras cosas, de qué se enferma y se muere la gente. Sin esa claridad, es imposible establecer las necesidades de los ciudadanos y, tampoco, actualizar el POS o tener mediana idea de cuánto cuesta eso.

    El tema tiene preocupados a los actores del sector, empezando por el actual ministerio, que convirtió ese viejo mal en una de sus prioridades. Es lógico: el problema en cuestión es uno de los responsables de la crisis profunda que mantiene al sistema al borde del colapso.

    Ojalá tanta preocupación de Gobierno, EPS, hospitales, legisladores, médicos y entes territoriales se traduzca en acciones colectivas concretas que, en primer lugar, beneficien a los pacientes y, de paso, por fin, introduzcan un indispensable orden financiero en este ámbito.

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