Crónica de una emergencia anunciada
Diciembre 27 de 2009
Esta no es época
del año para andar escribiendo de los problemas que aquejan el servicio de
salud para millones de colombianos, sino que las columnas de opinión deberían
estar dedicadas a villancicos, novenas y aguinaldos o a los recurrentes
propósitos del Año Nuevo, que casi nunca se cumplen. Lo que pasa es que la
improvisación del Gobierno lo llevó a decretar una Emergencia Social la víspera
de Navidad, dizque para resolver problemas sobrevinientes
del sector salud.
Que
la salud de los colombianos está en cuidados intensivos, nadie lo discute. Que
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sgsss,
atraviesa una profunda crisis y necesita una reestructuración total, tampoco.
Pero no se trata de enfermedades nuevas ni mucho menos de hechos sobrevinientes, sino de síntomas que fueron diagnosticados
hace muchos años y de remedios que han debido adoptarse mediante leyes
discutidas en el Congreso desde hace tiempo, en lugar de esperar a que el Sgsss estuviera a punto de colapsar.
Colombia
dedica una enorme cantidad de recursos al gasto en salud: casi 40 billones de
pesos, que equivalen a cerca del 8% del PIB, que es mucho más que lo que gastan
otros países de similar grado de desarrollo. Sin embargo, nadie está contento
con el funcionamiento del sistema de salud.
Los
pacientes se quejan por las demoras en la atención y por la necesidad de acudir
a tutelas para que las EPS les autoricen tratamientos que necesitan. Las IPS
(hospitales y clínicas) se quejan porque el Estado y las EPS privadas se
demoran en cancelar las cuentas pendientes, lo que tiene a muchas al borde de
la quiebra.
Las
EPS, por su parte, se quejan de que el valor de las cuotas de afiliación que
reciben no es suficiente para cubrir los gastos médicos que demandan los
pacientes, además de que cada vez tiene que cubrir más tratamientos no
incluidos en el POS, que en teoría son cubiertos por el Fosyga, pero con meses
de retraso, lo que también las pone en graves dificultades financieras. Y el
Gobierno también se queja porque el número de afiliados al régimen subsidiado
es el triple de lo previsto, por lo cual los recursos asignados a la salud son
insuficientes ante la creciente demanda. En una palabra, el Sgsss
no está funcionando.
Ante
esta situación de crisis evidente, es lógico que el Gobierno tome medidas para
tratar de solucionarla. Lo que es cuestionable desde todo punto de vista es el
cuándo y el cómo de las medidas adoptadas.
Es
inexplicable que el Gobierno se haya demorado años en empezar a adoptar
soluciones para la salud. Las asociaciones de clínicas y hospitales llevan años
pidiendo solución a sus problemas; el gremio de las EPS ha insistido muchas
veces en la necesidad de la reforma del sistema; universidades y centros de
investigación han hecho multitud de diagnósticos y recomendaciones. Y, como si
todo esto fuera poco, en julio del 2008 la Corte Constitucional, a través de la
sentencia T-760, ordenó la reorganización total del Sgsss,
incluyendo la revisión del POS, la unificación de los regímenes contributivo y
subsidiado y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y
financiamiento de las EPS.
Con
todos estos antecedentes es imposible demostrar la aparición de “hechos sobrevinientes” que son los que justifican la declaratoria
de emergencias sociales, de acuerdo con el Artículo 215 de la Constitución. Si
la Corte Constitucional mantiene su doctrina y su independencia frente al
Ejecutivo tendrá que tumbar esta Emergencia como lo hizo con intentos similares
de gobiernos anteriores.
Coletilla:
Qué diferencia con la reforma de salud del presidente Obama,
discutida durante todo un año en el Congreso y aprobada el mismo día de
Navidad, con estos decretos de excepción de Uribe dictados cuando ni el
Congreso ni la Cortes están abiertos. Otra muestra del talante autoritario y
antidemocrático de este Gobierno.