Crece polémica por
cambios al sistema de salud
Redacción de El País y Colprensa
No convence el reversazo al uso de
las cesantías para salud. Siguen denuncias por millonarios contratos.
A
pesar de la lluvia de críticas contra la Emergencia Social, el Gobierno
sostiene que las medidas lo que buscan es evitar el colapso financiero del
sector salud en Colombia.
Una nueva denuncia se sumó al largo listado de inconvenientes y vacíos que
‘padece’ la reforma al sistema de salud, estrategia con la que el alto Gobierno
intenta conjurar la crisis de este sector en el país y que aún no logra
consolidar.
Las críticas esta vez estuvieron a cargo de la asociación de pacientes Colombia
Saludable, entidad que denunció la existencia de otros dos millonarios
contratos firmados por el ministerio de Protección Social para redactar los decretos
de la emergencia social.
“Se trata de dos negociaciones distintas a las ya denunciadas por el candidato
a la presidencia Germán Vargas Lleras”, explicó a
Caracol radio Denis Silva, representante de la
agremiación, quien agregó que los nuevos contratos podrían ascender a $3.000
millones.
“Nosotros sabemos que hay dos contratos más, que el ministro no ha comentado y
le hemos preguntado abiertamente el valor, porque se habla de austeridad pero
no es entendible hablarle al pueblo cuando en el Ministerio hace fiesta con los
contratos”, reclamó.
La representante de esta asociación, que agrupa a enfermos de cáncer, sida y
transplantes, dijo que llevarán la denuncia ante la Contraloría General de la
República y anunció un plantón en la Corte Constitucional para denunciar otras
presuntas irregularidades, además para pedirle al alto tribunal que declare
nulos (inexequibles) los decretos emitidos durante la emergencia.
Siguen dudas ante reversazo
Pese a que fue bien recibido el anuncio del presidente Álvaro Uribe, de no
permitir el uso de las cesantías para pagar tratamientos de salud, entre los
usuarios continúan vivos muchos interrogantes sobre la aplicación de los
decretos al amparo de la Emergencia Social.
“El Gobierno Nacional acepta que no se deben destinar las cesantías para salud
ni aún en los estratos cinco y seis. En consecuencia, para que este punto de la
reforma no se aplique, el Ejecutivo se abstendrá de reglamentarlo y le pedirá
al Congreso de la República su derogatoria”, dijo el Mandatario.
"Acepto con humildad que nos
equivocamos en lo de las cesantías. Aceptamos las razones del pueblo, porque
eso fortalece la democracia”. Álvaro Uribe, Presidente de la República.
La Asociación de Usuarios de la Salud de
Bogotá señaló que “la rectificación del presidente Uribe, frente al tema de la
utilización de las cesantías para el pago de los tratamientos de salud,
evidencia la improvisación del Gobierno al declarar la Emergencia Social”.
Ante esta situación, la asociación planteó que, así como se echó para atrás lo
referente a las cesantías, se retire del Congreso todos los decretos.
Pero al haber sido expedidos al amparo de un estado de excepción, los decretos
tienen fuerza de ley y rigen a partir de su expedición, por lo que la pregunta
es: ¿Cuál es su aplicación, mientras el Congreso efectivamente deroga la
decisión del Ejecutivo?
De hecho, hay quienes consideran que la norma deberá aplicarse tal y como fue
promulgada, hasta que el trámite de derogatoria no haga tránsito en el
Congreso, que empezará a sesionar a partir del 16 de marzo.
“El Gobierno está tratando de pasar el chaparrón por las críticas que cada día
aumentan ante el decreto de las cesantías, pero después de las elecciones van a
apretar otra vez”, asegura el senador Jesús Bernal.
Desde antes de que el Gobierno tomara la decisión de echar para atrás el punto
del decreto que hacía referencia al uso de las cesantías para financiar la
atención en salud, fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que buscaba
la eliminación de ese artículo.
La iniciativa fue promovida por la senadora Dilian
Francisca Toro, quien además presentó dos proyectos relacionados con la
definición del POS, específicamente con las atenciones de baja y mediana
complejidad, así como los de alto costo y con la autonomía médica.
Según la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Pacientes con
Enfermedades de Depósito Lisosomal, Acopel ,
Luz Victoria Salazar, en los decretos aún hay muchos temas que preocupan y
entorpecen los procesos de atención de pacientes.
“Los decretos se deben echar para atrás pues al recomponer con las ideas de
cada uno, las cosas quedarán mal hechas, se debe aprovechar el ejercicio para
construir una reforma a la salud a partir de una verdadera participación de
todos los sectores”, resaltó.
Anuncian recursos
· El Gobierno
Nacional destinó $300 mil millones que fueron repartidos entre los 32
departamentos y cuatro distritos del país, con el fin de que esos entes
territoriales cancelen la cartera vencida que tienen pendiente por prestación
de servicios a los hospitales y clínicas.
· Así lo señaló el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, “esta plata había sido asignada en el Presupuesto de la República por el Congreso, nos habíamos comprometido a tener listos esos recursos en los tres primeros meses del año y acá estamos cumpliendo”.