Crearán 500.000 nuevos cupos en la educación superior del país

Colprensa

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, dijo que este año impulsarán una propuesta ante el Congreso de la República para realizar ajustes a la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de educación.

El anuncio lo hizo ayer en el primer día del Foro de Financiación para la Educación Superior, donde se encuentran reunidos especialistas en el tema provenientes de diversas partes del mundo, para compartir experiencias de cómo se sustenta financieramente la educación técnica y universitaria en sus países.

Según la Ministra, pese a que con la Ley 30 se le dio un giro fundamental a la dinámica de la educación superior para garantizar su sostenibilidad, es necesario realizar cambios para generar 500.000 nuevos cupos en el sistema de educación superior para el 2019. Del total, el 46% se enfocaría en educación técnica profesional y 54% en formación universitaria.

La propuesta, que sería enviada al Congreso antes de que termine esta legislatura, el 20 de junio próximo, revisaría el tema de los aportes de la Nación y las entidades territoriales para las universidades públicas. Igualmente, el tema de los recursos adicionales destinados para su funcionamiento, que se destinarían acorde con la complejidad, diversidad y sostenibilidad de las mismas.

De acuerdo con Vélez, los cambios son necesarios porque el ingreso per cápita a las universidades es de $3,67 millones, “lo que a todas luces es inequitativo”.

Esto se suma a “los recursos que la Nación transfiere a las universidades oficiales por concepto de Ley 30, tres universidades (Nacional, Antioquia y Valle) reciben el 48% del total y las 29 restantes el 52%”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte, Paulo Santiago, analista de la división de políticas de educación y capacitación de la Organización de Cooperación de Investigación Económica, Ocde, de Francia, dijo que las políticas desde los primeros niveles educativos son las que marcan la diferencia entre el sistema de educación superior en Colombia y el de los países europeos.

“La cobertura en países de América Latina es más baja que en Europa, eso nos ubica en un contexto muy diferente para desarrollar las políticas educativas”, indicó Santiago