El costo de la salud
Febrero 10 de 2010

Como en la Creación, la Corte Constitucional dijo “¡Hágase la salud!”, y la salud fue hecha. O por lo menos eso pensaron los augustos magistrados cuando en el 2008 profirieron su sentencia T760, en la que, entre otras cosas, ordenaron que la cobertura de salud se les extendiera a todos los colombianos, lo cual es muy deseable, y que se les diera igual servicio a quienes pagan que a quienes no pagan, lo cual es generoso, pero un tanto exagerado.

Según los entendidos, para cumplir este fallo es necesario incrementar el gasto en salud en por lo menos dos o tres puntos del PIB, además de remediar las fugas de recursos que se dan por ineficiencias, corrupción, o la infinita generosidad con la plata ajena de algunos jueces. Dura tarea es reorganizar la economía para arbitrar esos recursos, y lo lógico hubiera sido que se convocara a todos los conocedores del tema para buscar la mejor solución posible. El Gobierno prefirió hacerlo solo, y reciente emitió una colección de decretos que ha despertado un rechazo muy generalizado.

Algunas de las nuevas disposiciones son claramente equivocadas y deberán ser corregidas. Es cierto que deben existir lineamientos científicos, pero la total violación de la autonomía médica es absurda y, de hecho, no fue aceptada por el cuerpo médico. Como es fuera de toda lógica que un gobierno pretenda que sus ciudadanos, cualquiera sea su estrato, usen sus ahorros pensionales para sufragar sus gastos de salud, torpeza equivalente a decirles que deben usar esos ahorros para no morirse de enfermos y poder llegar a la vejez a morirse de hambre. Y con seguridad el bloqueo casi total al reembolso de los servicios no POS generará una lluvia de tutelas como no la había visto el sistema de salud en su peor momento.

Por el otro lado, una buena parte de lo decretado es razonable y era necesario. Por ejemplo, como cada vez es menor el porcentaje de los afilados al régimen contributivo, es lógico que se incrementen impuestos como los del alcohol y el tabaco, substancias cuyo consumo contribuye seriamente a elevar el gasto en salud. Y es de esperarse que se obtengan mayores eficiencias en la operación que deberán contribuir a incrementar los recursos disponibles.

Falta mejorar, eso sí, el manejo que se le dio al elevado costo de algunos insumos. El precio promedio de los medicamentos en Colombia es uno de los más bajos de América Latina porque tiene una industria nacional fuerte, altamente competitiva. Sin embargo, ella no participa en el selecto grupo de medicamentos no POS. En sólo 39 de ellos, vendidos por las multinacionales a precios con frecuencia muy superiores a los que tienen en otros países, se gastaron más de $750.000 millones en 2009.

Aunque el Gobierno ha anunciado el deseo de ejercer algún control sobre los precios de estos medicamentos vendidos en condiciones monopólicas, lo lógico es también emitir normas que desvirtúen esos monopolios y permitan la competencia. Dentro de lo dispuesto por la Organización Mundial de Comercio, Colombia debe establecer patentes obligatorias y permitir las importaciones paralelas, como lo han hecho con gran éxito países como Brasil y Sudáfrica. Se estima que con este esquema Brasil, nada más en sida, rebajó su gasto en unos US$700 millones al año y el número de personas infectadas a la mitad. Llegó la hora de que Colombia emita las normas correspondientes.