Correos, prueba del saqueo en salud

Fiscalía presentó en audiencia los mensajes que probarían maniobras y pagos ilegales.

En decenas de correos electrónicos que hoy son prueba clave en el proceso por el desfalco billonario de la salud quedó registro de la ruta usada por funcionarios, intermediarios y empleados de empresas de salud para desangrar el sistema.

Ayer, en la audiencia en la que la Fiscalía imputó cargos contra los cinco primeros capturados, esos mensajes -recuperados por la Dijín tras 9 allanamientos- fueron presentados como la 'prueba reina' del saqueo.

El fiscal 23, Mario Montes Giraldo, expuso ante el juez correos en los que Claudia Patricia Rojas, coordinadora de análisis del gasto del Ministerio de la Protección, habla de pagos y autorizaciones, e incluso reclama a sus socios por cambios en las reglas de juego de recobros a varias EPS, entre las que menciona a Coomeva, Colpatria y Solsalud.

Como lo reveló EL TIEMPO, la investigación, liderada por la Policía, se enfoca en este momento en cinco EPS.

Los correos revelados

En uno de los mensajes, Rojas le dice a Édgar Isaías Medina, detenido y quien aparece como representante legal de QAV -empresa que según la Fiscalía habría sido creada para servir de fachada-, que había aumentado el porcentaje en los servicios por recobros.

"Te manifiesto que no estoy de acuerdo con las nuevas condiciones, porque esos recobros son del año pasado. Igual te lo voy a pagar, dime cómo te hago llegar el sobre", le respondió Medina a Rojas.

En otro correo, Rojas les deja en claro a sus socios que ella es la que podía autorizar los procedimientos ilegales, pues -dice- "era la que autorizaba los pagos y era la que hablaba con el ministro".

En un mensaje más, Medina le cuenta a Rojas que la empresa había logrado un negocio por 106 millones de pesos, por el que iba a cobrar el 4 por ciento a la EPS, y que de esa plata el 60 por ciento sería para ella.

Pero llama especialmente la atención de la Fiscalía un correo enviado desde la cuenta cprp@hotmail.com (las iniciales de Claudia Patricia Rojas), en el que se relacionan pagos irregulares por 24.633 millones de pesos, por los cuales se habría repartido una comisión de 443 millones.

Según el expediente, esa plata se distribuyó así: Rojas, 118
millones de pesos; Luis Andrés Ruiz, 45 millones; Héctor Mauricio Durán, 21 millones; Édgar Isaías Medina, 15 millones, y John Carlos Lamus, 24 millones. No hay certeza de qué destino tuvieron otros 137 millones de ese paquete.

La Fiscalía también indicó que la mayoría de esos pagos ilegales se hizo en efectivo, y en otros casos utilizaron familiares y amigos, a quienes les entregaron 200.000 pesos por prestar sus cuentas.

"Abusando de su condición de funcionarios, fletaron sus conceptos, vendieron su labor", indicó el fiscal del caso, quien agregó que Rojas, desde el 2006, abusó de su posición en el Ministerio para proferir conceptos irregulares.

Carta de Palacio a Santos

Ayer, el ex ministro Diego Palacio, que ocupó la cartera de Protección en los 8 años del gobierno Uribe, le envió al presidente Santos una carta, en la que dice que las platas que están en duda en el Fosyga serían 400.000 millones de pesos y no los 4,5 billones de los que, como lo reveló ayer este diario, habla la Policía. Sin embargo, los organismos de control aseguran que la plata robada "supera cualquier escándalo de corrupción que haya conocido el país".

La Fiscalía también vincula en la investigación por el desfalco de la salud a Luisa Fernanda Bellini, quien está en Italia y era la jefe directa de Rojas en el Ministerio.

Eduardo Colmenares, gerente general y representante legal de Solsalud EPS, le dijo a EL TIEMPO que nunca han tenido negocios ni contratos con esa firma ni con las personas detenidas.

Robledo pide derogar la Ley 100

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo) le pidió ayer al Ministro de la Protección, Mauricio Santa María, derogar la Ley 100, porque, según dice, "mata más colombianos que todas las formas de violencia juntas". La solicitud la hizo durante el debate de control político al Ministro, anoche en la plenaria del Senado. Robledo también pidió que el Gobierno "no siga sosteniendo en el cargo" al actual superintendente de Salud, Conrado Gómez, "por estar inhabilitado". Según el congresista, Gómez es accionista de una EPS y hermano del presidente del gremio que reúne a estas empresas (Afidro)".

Al cierre de la edición se esperaba la intervención del ministro Mauricio Santa María en el debate.

Contraloría halló 'cartel' de asesorías a las EPS

EL TIEMPO conoció que la Contraloría dio traslado de la investigación por el recobro irregular de las EPS a la Procuraduría.
En el oficio, del 7 de abril, el ente advierte que se encontró que la sociedad SEAK Consultores estaba conformada por personas que trabajaban en el Ministerio de la Protección.

La sociedad tendría por función, dice la Contraloría, dar asesorías a las EPS "con el fin de lograr que las mismas puedan obtener el recobro y pago de cuentas médicas (...) amén de las posibles irregularidades por los sobrecostos en medicamentos y procedimientos no POS, y, reconocimiento de intereses de mora".

Según la denuncia, los representantes legales que aparecen en el registro de Cámara y Comercio de la sociedad son José Edilberto Espinosa Cogollo y Santiago Rafael Carrascal Bermúdez, quien trabajaba como contratista en el Grupo de Recobros y Reclamaciones ECAT del Ministerio, y entre sus actividades está la de revisar y autorizar el pago de cuentas médicas glosadas por el Fosyga.

La Contraloría también asegura que se realizó una diligencia en el Ministerio, en la que se tomaron copias espejo de las bases de datos. Se analizan unos 27.000 gigas de información. Entre los hallazgos está que las autorizaciones para reclamar medicamentos que no eran utilizadas por los usuarios o que vencían por fecha eran igual cobradas al sistema. "Ninguna orden se pierde, todas eran cobradas", dijo una fuente allegada a la investigación.