Polémica. Por: Álvaro Guzmán Barney.
Conflicto universitario
Octubre 21 de 2009

Es exagerado argumentar que lo sucedido al rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, fue un secuestro. Una multitud de personas, no encapuchadas pero enardecidas, lo retuvo indebidamente durante cinco horas, lo amenazó y golpeó el vehículo en el que se encontraba de manera indebida y delictiva. Es muy grave y lamentable que esto haya sucedido en la Universidad Nacional, como también son graves hechos similares que han venido ocurriendo en distintas universidades públicas, entre ellas la del Valle.

Es extraño que los hechos injustificables e inadmisibles sucedidos con el rector hayan tenido una motivación inicial normal de los manifestantes por informarse y reivindicar un presupuesto adecuado para la universidad. El mismo rector Wasserman ha liderado pronunciamientos públicos en favor de un mejor presupuesto para su universidad, como también lo han hecho los otros rectores del Sistema Universitario Estatal. Lo inquietante es que una reivindicación legítima, por mejores condiciones presupuestales, no se pueda tramitar de manera pacífica y se transforme en un hecho que atenta contra las personas y sus derechos. Se pone en evidencia un rasgo indeseable de nuestras instituciones públicas universitarias: temas y problemas que pueden tratarse institucionalmente, con la participación de los distintos estamentos, precisamente acogiéndose a la forma universitaria de debatir, son reiterativamente desbordados por grupos minoritarios que apelan a formas extremas de acción, incluso violentas, marcadas por la intolerancia. Estos grupos saben utilizar el campus universitario como trinchera, negando la autonomía universitaria de hecho, pero sirviéndose de ella para su actuación. Su motivación de fondo no es académica: se revela en una retórica política radical contra ‘el sistema’ y sus representantes, es decir, quienes están en desacuerdo con sus métodos. A su retórica y a sus métodos supeditan toda la actividad universitaria. Sus formas de manifestación incluyen bloqueos, ‘papas bomba’ en los predios universitarios, amenazas, retención de personas, enfrentamientos periódicos con la Fuerza Pública, fomento del miedo y zozobra entre la comunidad universitaria, manifestaciones todas ellas que deterioran notablemente la vida interna, la credibilidad de la universidad pública y su impacto en la sociedad. Me parece importante que la opinión pública entienda que son grupos minoritarios que viven y usufructúan de manera instrumental el ‘sistema universitario” al que tanto se oponen. Defienden intereses particulares, contrarios a aquellos que colectivamente podemos atribuir a una universidad pública con claras funciones sociales. Su poder, como minoría, está en el uso de la fuerza que la mayoría impotente no puede contrarrestar. ¿Cuánto le cuesta a las universidades públicas la acción de tales grupos minoritarios? ¿Qué presupuesto alcanza cuando se funciona de manera tan irregular? ¿A qué intereses le trabajan estos grupos? Difícilmente se puede argumentar que están del lado de aquellos que buscan educación de la mejor calidad para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Nota: mientras escribo estas líneas me informan de enfrentamientos en la Universidad de Valle, con un estudiante herido a bala que fue llevado a una clínica y que afortunadamente está fuera de peligro. Es lamentable que esto haya sucedido. Es perentoria una unidad de acción de todos los estamentos contra la violencia en la universidad.