Condenan a hospital y universidad
en Santander por contagiar a pacientes con VIH
En
el entonces Hospital Universitario Ramón González Valencia 11 pacientes fueron
contagiados con V.I.H. En el 2005 el sanatorio fue
liquidado y pasó a ser Hospital Universitario de Santander.
Dieciséis
años tardó la justicia en establecer que el entonces Hospital Universitario
Ramón González Valencia de Bucaramanga era responsable del contagio a 11
pacientes (todos ya fallecieron).
El
Consejo de Estado acaba de ordenar la indemnización a los familiares de tres de
ellos.
El
caso, que en 1993 originó en el país un escándalo en el servicio público de
salud, originó el deterioro progresivo de los infectados que no recibieron
ningún tipo de tratamiento oficial y fueron muriendo lentamente mientras en los
tribunales las denuncias no avanzaban.
A
pesar de que el hecho fue declarado de interés público, apenas ahora la Sección
Tercera del Consejo de Estado halló responsable al Hurgv
del contagio producido por malos procedimientos y deficiente manipulación de la
sangre.
Por
ahora, porque se está estudiando la inclusión de una cuarta persona, el
hospital y la Universidad Industrial de Santander (UIS), que tenía un convenio
docente-asistencial, deberán pagar a los familiares de tres contagiados 713
millones de pesos en respuesta a un proceso de reparación directa.
"La
suma debe aumentar a más de 1.000 millones de pesos porque el Consejo debe
incluir en su fallo a un cuarto paciente del que también se tramitó su demanda.
Hay que aclarar que en el fallo se enuncia la responsabilidad del contagio pero
no se reconoce que ellos hayan muerto de sida", señaló el abogado Óscar
Humberto Gómez, representante de cuatro de las familias afectadas.
Triste
noticia en su cumpleaños
El
drama para los infectados comenzó el 12 de julio de 1993 cuando funcionarios
del hospital citaron a 9 pacientes de la unidad renal para informarles que
estaban contagiados del VIH.
Para
esa fecha ya habían muertos dos (entre abril y mayo de
1993) y algunos tenían bastante deteriorada su salud pues, según Gómez, el
hospital y la UIS nunca reconocieron sus errores procedimentales.
Uno
de los infectados cumplía años el día en que le informaron sobre la temible
enfermedad de la que en esa época se desconocían muchos factores y los
tratamientos eran muy limitados.
"Recuerdo
que ese muchacho, que ese día cumplía 29 años, me dijo que cuando lo llamaron
él pensó que le iban a celebrar su cumpleaños y el regalo fue la peor noticia
de su vida", comentó Gómez.
Mientras
los infectados morían uno a uno sus humildes familias (la mayoría trabajadores
informales) sufrían con sus penosas enfermedades y ocultaban la infección para
no ser expulsados de las casas donde vivían en arriendo y no perder sus
trabajos por el 'tabú', que para la época representaba el VIH.
Entre
1993 y 1999, investigaciones de la Fiscalía, Superintendencia Nacional de
Salud, Instituto Nacional de Salud, Tribunal Superior de Santander y análisis
internos del hospital y la UIS determinaron que en la Unidad Renal no se habían
contagiado los pacientes.
En
ese momento, el único fallo en contra lo emitió la Procuraduría que sí halló
responsabilidad en el personal médico y en primera instancia destituyó al
director de la Unidad Renal, Martín Aldana, y sancionó con drásticas
suspensiones al resto del personal científico.
Los
afectados con el pronunciamiento del Ministerio Público apelaron y en segunda
instancia la Procuraduría revocó la destitución de Aldana, lo sancionó con 30
días alejado de su trabajo y las suspensiones de los demás médicos fueron
reducidas.
En
1999, el caso llegó al Consejo de Estado, que se tardó 10 años en tomar la
histórica decisión con la que acaba de condenar al hospital y la UIS.
Las
demandas tuvieron tantos inconvenientes que al abogado Gómez y a varios
periodistas les tocó servir como testigos y a los familiares renunciar al
derecho que tenían las personas fallecidas de que se preservara sus nombres en
la intimidad.
"Cada
vez que solicitaba exámenes e información especializada el Tribunal Superior me
decía que la ley no permitía revelar los nombres de los contagiados y esa norma
en vez de ayudarnos nos estaba afectando mucho y finalmente todos los
contagiados fallecieron", recordó el abogado.
"Tan
solo esperamos que nos digan cuanto nos corresponde pagar"
Jaime
Alberto Camacho, rector de la UIS, señaló que aún no ha sido notificado
oficialmente de la condena pero reconoció que ya conoce el fallo y está atento
a cumplirlo. "Tan solo esperamos que nos digan cuanto nos corresponde
pagar", agregó el funcionario.
Luis
Alberto Hernández, gerente del HUS, tampoco ha sido notificado y espera que el
Consejo de Estado defina, en su caso, quien debe pagar entre el hospital o el
agente liquidador del Hurgv.
El
abogado César Romero, liquidador del antiguo hospital, no respondió a los
llamados de este medio y los familiares de los infectados se abstuvieron de
hablar por temor, según ellos, al escarnio público.
FÉLIX
LEONARDO QUINTERO
Corresponsal EL TIEMPO
BUCARAMANGA