Un amigo
que trabaja en Estados Unidos en temas que tienen que ver con la salud me
envió, a propósito de la polémica sobre los decretos de la Emergencia Social,
dos artículos muy interesantes -y de enorme actualidad- publicados en el New England Journal
of Medicine en julio de 1975.
Uno de esos artículos se refiere al interrogante de cómo decidir la tajada de
los recursos públicos de una sociedad que deben destinarse a la salud, en vista
de que esos fondos son finitos, pero su demanda crece aceleradamente. El otro,
a la dificultad del análisis económico para integrar el concepto del derecho a
la salud.
Aparentemente estos problemas no tienen una solución técnica. Existe un
conflicto entre el interés del individuo particular y el de la sociedad en su
conjunto: si el interés individual prima sobre el de la sociedad en su
conjunto, esta se quiebra y deja de funcionar y ofrecer los servicios que los
individuos demandan. Hay que partir, entonces, del supuesto de que el total de
los recursos disponibles en una economía para la prestación de los servicios
médicos son finitos -tiene un tope- y, por consiguiente, deben asignarse en la
forma más eficiente posible, en términos de retorno para toda sociedad: de
bienestar público. Dentro de esos recursos deben incluirse los dedicados a la
prevención -una inversión de alto rendimiento social y económico que comienza
por extender la cobertura universal en salud y nutrición para la primera
infancia- y, desde luego, por conocer de qué se enferma la población
colombiana.
En la tarea de reformar el sistema de salud deben intervenir tanto los médicos
como los filósofos, los economistas, los ingenieros, los religiosos y, claro,
los políticos. La salud no es exclusivamente responsabilidad de los médicos,
así esté de por medio la vida del ser humano. No es cierto, por ejemplo, que
nuevas prácticas médicas y nuevas tecnologías deban aplicarse a todos los individuos
indiscriminadamente y sin límite alguno. Como se dice en uno de los artículos,
"las nuevas prácticas médicas pueden ser benéficas para el individuo, pero
no para la sociedad como un todo" y "hay prácticas que no benefician
ni al individuo, ni a la sociedad". El asunto es muy complejo y
angustiante por los dilemas éticos que genera, y porque lleva a cuestionar si
el objetivo principal de las actuaciones médicas es "evitar la
muerte".
Como se observa, el análisis del tema de la salud no es para nada sencillo. Por
lo tanto, el debate de los ajustes introducidos por los decretos de la
Emergencia Social no debe hacerse sin profundizar en los estudios, a la
defensiva y dejándose llevar por las emociones. Es cierto que algunos decretos
fueron mal diseñados y deben ser derogados por el Congreso. Falta, sin embargo,
una discusión a fondo, estructurada y transparente sobre el problema, con la
participación de los diferentes actores que intervienen en el sistema.
El caso de los niños con cáncer
Dicho lo anterior, tengo que referirme a un tema de salud cercano a mis
afectos, que es el del tratamiento de niños con cáncer. Quedé aterrorizado
leyendo hace poco que los niños pobres con cáncer habían sido las
"primeras víctimas del sistema" (El Espectador, domingo 14 de febrero
de 2009, págs.12-13). Porque está demostrado y
suficientemente probado que un porcentaje muy elevado (80 por ciento en Estados
Unidos, 45 por ciento en Colombia) de los niños que padecen de leucemia -el
cáncer más común entre los niños- se recuperan definitivamente si son tratados
oportunamente y con las drogas apropiadas (25 de las cuales hay 12 en el POS).
El análisis de costo-efectividad del tratamiento es positivo. En este caso,
entonces, se justifica plenamente actualizar el POS para incluir las nuevas
drogas y aplicar los tratamientos de manera automática. Sería verdaderamente
lamentable y falto del más elemental sentido de la equidad y de la ética que el
país echara reverso en los logros obtenidos en el tratamiento del cáncer en los
niños.