Cobertura vs. calidad
En los últimos días, la prensa nacional ha publicado varios editoriales y
artículos sobre la propuesta del Gobierno nacional para reformar la ley 30/92
de Educación Superior. La iniciativa gubernamental ha desencadenado una serie
de críticas, ante todo en las universidades públicas y no se han hecho esperar
las movilizaciones de estudiantes, algunas de ellas con fuertes enfrentamientos
con la Policía
y un estudiante muerto en la
Universidad de Nariño. En medio de estos lamentables hechos,
se ha abierto un espacio para un debate propositivo,
especialmente desde sectores del profesorado de la universidad pública.
El Gobierno, en el inicio de su mandato, fijó como meta mejorar la calidad
de la educación. Este es un propósito inobjetable y muy importante en un país
como el nuestro que no tiene, comparativamente con países de desarrollo
socioeconómico parecido, indicadores satisfactorios de calidad, en todos los
niveles de la educación. Sin embargo, al leer la propuesta de reforma a la ley,
se hace evidente que, más allá de saludos a la bandera sobre la calidad, la
parte sustantiva de la reforma va orientada a aumentar la cobertura,
disminuyendo el esfuerzo fiscal del Estado en Educación Superior. Hasta donde
se sepa, en países como el nuestro, aumentos desmesurados en el corto plazo de
la cobertura, afectan negativamente la calidad de la educación.
La propuesta es llegar al 50% de la cobertura en Educación Superior en el
2014, lo que implica generar 645.000 cupos nuevos. Estas son palabras mayores
que normalmente significan un esfuerzo notable en las finanzas estatales. Ante
la precariedad de éstas, el Gobierno le abre la puerta a un nuevo mercado para la Educación Superior,
a partir de la oferta que puedan hacer instituciones privadas, nacionales o
extranjeras, con ánimo de lucro y ganancia. ¿Dónde ha funcionado este modelo en
procura de la calidad de la educación, ante todo en sus niveles de educación
más avanzados? En los países que cita la propuesta, se hace más bien referencia
a su incidencia en la cobertura y se deja de lado el esfuerzo fiscal paralelo
de los países para financiar la educación superior de calidad. Se debe tener en
cuenta que las universidades privadas colombianas son entidades sin ánimo de
lucro. Se verán también afectadas por la propuesta, aunque las protege la
oferta de crédito estatal para los estudiantes. Las universidades públicas, por
su parte, se verán enormemente afectadas, si la propuesta es mantener
esencialmente el esquema de financiación de la actual ley 30. En Colombia,
habría que tener mucho cuidado sobre quienes estarían interesados en el nuevo
mercado, con ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que el Estado, hasta
ahora, no ha podido controlar la calidad de varias universidades de garaje que
funcionan legalmente ‘sin ánimo de lucro’. ¿Cómo será con las otras?
Con la propuesta pierden las universidades de mejor calidad, las privadas,
sin ánimo de lucro y muy especialmente las públicas. ¿En qué consiste la
calidad en la
Educación Superior? ¿Quién valora, en el contexto de la
calidad, el papel indelegable de la Educación Pública,
como canal de movilidad social? ¿Cuánto vale financiar una universidad pública
para que cumpla con este rol y con los mejores estándares de calidad? Más que
resolver estas inquietudes, la propuesta gubernamental está orientada
a promover un mercado tramposo de credenciales, altamente rentable, que no
tiene nada que ver con el desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Tecnología.