Cesantías ya no serán usadas para cubrir servicios de salud


El Gobierno reversó esta medida establecida dentro de la Emergencia Social.
Servicios. La Emergencia Social se decretó en medio de una polémica en la que las EPS declararon estar a punto de la quiebra, por lo que pidieron modificar el sistema de aportes a la salud.

El Gobierno Nacional le pidió ayer al Congreso de la República que derogue el polémico decreto 128 que contemplaba el uso de cesantías para pagar parte de tratamientos médicos y que fue anunciado como parte de las medidas de la Emergencia Social decretada en el país.

Después de una gran polémica desatada entre los usuarios del sistema de salud con respecto a las decisiones del Ministerio de la Protección Social, el Gobierno echó para atrás su decisión y ahora ningún colombiano tendrá que recurrir a sus prestaciones sociales para cubrir sus necesidades médicas, medida que en principio iba a ser aplicada sólo para quienes hacen parte de los estratos cinco y seis.

Anoche, el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, aseguró que “se trata de una decisión del Gobierno Nacional que le insistirá al Congreso para que haga pública la derogación del artículo que habla sobre la posibilidad de que la gente utilice sus cesantías para el pago de servicios”.

La determinación se toma después de que el mismo presidente Álvaro Uribe admitiera que no tuvo conocimientos de la redacción del controvertido decreto.

Por otra parte, a raíz de la denuncia presentada esta semana por el senador Germán Vargas Lleras, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación sobre las presuntas irregularidades de los contratos para elaborar los decretos de Emergencia Social.

La investigación será asumida por el procurador segundo delegado para la contratación estatal, Antonio Gómez Merlano, quien será el encargado del estudio de los distintos contratos y en especial el realizado entre el Ministerio de la Protección Social y la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria.

En dicho contrato se estipuló que la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria se comprometía a asesorar al Ministerio de Protección Social en lo concerniente al cumplimiento de las ordenes dadas por la Corte Constitucional en sentencia T-760 del 2008, la cual determinó la modificación del Plan Obligatorio de Salud, POS.

En el contrato las partes estipularon que este tendría vigencia de seis meses por un valor de $1.156 millones en donde el contratista se obligaba a presentar dos posibles alternativas para el cumplimiento de dicha sentencia.

Sin embargo, el sector privado colombiano expresó su apoyo a las decisiones tomadas en el marco de la Emergencia Social.

“Los asuntos sustanciales deben defenderse a toda costa en aras del bien común. Los asuntos marginales o sin conexidad con la emergencia no pueden hacer perder de vista sus bondades fundamentales”, señaló en un comunicado el Consejo Gremial Nacional.

Asimismo, dijo que las posibles irregularidades en el asesoramiento para la puesta en marcha “deben ser investigadas y, si fuere el caso, castigadas, pero no deben interferir con el desarrollo de una reforma que, en su conjunto, consolida uno de los más importantes logros sociales de Colombia: la salud universal y sostenible de sus ciudadanos”.

Igualmente se mostró en desacuerdo con realizar reformas tributarias por decreto, ya que esto puede afectar la confianza inversionista.

“Es conveniente que los juegos de suerte y azar tengan un mayor peso en las contribuciones a la salud; infortunadamente este incremento se ha visto frustrado en reiteradas oportunidades en el Congreso”, manifestó.

Pago de cesantías

·  Hasta el próximo lunes las empresas podrán consignar los recursos de las cesantías de sus empleados.

·  El presidente del fondo de pensiones y cesantías Protección, Mauricio Toro Bridge, dijo que este año entrarán al sistema $2,5 billones, una cifra más alta de la proyectada por otros especialistas, porque según él, “en Colombia sí se han creado más puestos de trabajo”.

·  El aumento del índice no significa necesariamente que hay menos personas trabajando. Hay más gente con empleo, pero paralelamente han salido muchas más personas a buscar trabajo, entonces el índice de empleo puede verse afectado. Las cesantías tienen que verse con el empleo real y no con el índice”, dijo el directivo.

Dato clave

Según José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, los decretos dictados al amparo de la Emergencia Social que impone un mayor IVA a las cervezas, licores y juegos de azar, impactará sobre la inflación.