Los asuntos sociales no tienen dueños, ni su discusión es privilegio de los
especialistas o de los gremios, que se concentran demasiado en sus propios
intereses y pierden a veces la perspectiva general, que no es otra que la del
bien común. Mucho de eso puede estar sucediendo en el debate sobre el futuro de
la educación superior en Colombia, que es por definición un asunto que le
compete a toda la sociedad y que compromete su futuro, más que cualquier otro
de la actual agenda pública, importantísimos todos, pero transitorios porque
vienen y van, mientras la educación, buena o mala, queda para toda la vida. Y
en ese debate que se ha vuelto un asunto de especialistas y de gremios, están
por un lado las universidades públicas, por otro las privadas, más allá las
buenas universidades privadas, más acá las universidades de garaje, acullá los
tecnológicos y como una sombra omnipresente del futuro educativo nacional, el
Sena. Y para empeorar las cosas, al parecer de un lado los rectores y del otro
los estudiantes y los profesores, y entre ellos el Gobierno mismo, un tanto
autista, embebido de su enorme popularidad y en su dominio eminente del
Congreso Nacional. Así que se ve oscuro un paisaje donde debería primar el
rigor académico, el estudio ponderado de las experiencias de otros países, el
análisis de la propia historia universitaria nacional tan fructífera, y una
visión de futuro de lo que debe ser un país, todo lo rico y competitivo que se
quiera, pero viviendo armónicamente, arraigado a sus valores culturales, bien
educado.
La idea de autorizar la presencia en territorio nacional de Instituciones de
Educación Superior con ánimo de lucro, es la piedra de escándalo de ese
proceso, porque es lo que divide a todos: al Gobierno y a las universidades, a
las universidades y a los tecnológicos, a las universidades privadas buenas y a
las malas. Lo absurdo de todo ese debate es que está basado no sólo en el
reconocimiento oficial de que no hay más recursos para la educación superior
pública, lo cual es de por sí suficientemente preocupante, sino que el dinero
faltante debe ponerlo la inversión privada internacional, que según la información
disponible nunca lo hace. Francisco Piedrahíta,
rector de la Icesi, una universidad lista para
competir donde la pongan, quien podría haber sido indiferente, ha completado un
triduo de lúcidos artículos sobre el tema, demostrando que lo que las multinacionales
educativas hacen en los países donde llegan es comprar instituciones
existentes, no hacer inversiones en infraestructura y equipos e impulsar
programas académicos a distancia. El balance de tres grandes multinacionales Laureate, Apollo y Whitney, indica millonarias utilidades, bajo índice de
graduación, mala calidad de los productos y alto endeudamiento de los
estudiantes. Y como subproducto, el desentendimiento estatal de garantizar la
educación superior pública.
¿Cómo dejar que eso suceda en Colombia, donde se divide la opinión de la
dirigencia de la educación superior, y las universidades públicas se dan por
satisfechas con que les aumenten unos recursos que mucho necesitan, las buenas
universidades privadas no se sienten amenazadas, las malas ven una oportunidad
de legalizar un negocio y los tecnológicos ya andan a la búsqueda de un socio
internacional? La causa justa, que es preciso defender y que es de todos, es la
de la calidad de la educación superior, y el centro del debate es cómo conseguirla,
para ver después cómo financiarla. O sea, al revés de lo que está pasando.