Editorial: La cartera de la salud
Por
fin, y tras años de ser reclamado, el país cuenta con un Ministerio de Salud,
desaparecido en el 2002 por obra y gracia de su fusión con el de Trabajo.
Desafortunadamente,
la carencia de indicadores de impacto impiden hacer un
balance acertado del verdadero estado en el que deja el escindido Ministerio de
la Protección Social a la salud. No obstante, en la última década, propios y
extraños señalaron la falta de rectoría de este ente como uno de los
principales responsables de la crisis, el desorden y el progresivo deterioro
del sistema. De hecho, varios expertos conectan la ausencia de ministerio con
tal declive.
No
es de extrañar que la reapertura de esta cartera genere expectativas tan
grandes entre todos los actores involucrados. En primer lugar, su sola creación
no garantiza la resolución de los problemas estructurales del sector, que, a
juicio de muchos, siguen intactos.
El
recién posesionado ministro, Mauricio Santa María, tiene la nada fácil misión
de convertir esta estructura en la generadora de políticas claras y efectivas,
que le apunten a garantizar el derecho a la salud a todos y cada uno de los ciudadanos
en términos de equidad y universalidad y con eficiencia financiera.
Hace
unos meses, el presidente Juan Manuel Santos presentó la hoja de ruta que
recoge una serie de tareas concretas, con cuya ejecución se busca dar
cumplimiento a ese objetivo. Es justo decir que se ha avanzado, así sea
parcialmente, en algunos aspectos, como el incremento de cobertura (que ya está
en el 96 por ciento), la unificación de planes de salud para niños y mayores de
60 años, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, los giros directos a
los hospitales, el inicio de procesos para frenar la corrupción y la imposición
de topes a los precios de muchos medicamentos.
En
otros objetivos claves, la marcha es lenta. Vale la pena mencionar la
actualización del POS. Este proceso, que en teoría estaría finalizado el
primero de diciembre, ha generado más de una inquietud por la fragilidad
técnica con la que la Comisión de Regulación en Salud (CRES) ha llevado a cabo
tal labor.
Un
segundo aspecto es la decisión del Gobierno de presentar a mediados del año
próximo un nuevo enfoque del plan de beneficios, que será universal e incluirá
el manejo integral de todas las enfermedades que padezcan los colombianos.
Sin
embargo, no hay claridad sobre su financiación ni sobre los mecanismos a los
que se acudirá para garantizar que nada de lo que la gente necesite se quede
por fuera; tampoco sobre la forma como se lograría una mejora sustancial de la
calidad de los servicios.
Le
siguen varios asuntos: la cadena de deudas gigantescas entre los agentes del
sistema y que tiene al borde del colapso a la red hospitalaria pública; la
falta de una política farmacéutica, que defina reglas en materia de precios,
calidad, acceso y oportunidad para la gente, y la redefinición del papel de las
EPS y un mayor control de las autoridades sobre ellas, entre otros.
Para
empezar a funcionar, el Ministerio de Salud debe reconstruirse y transformarse
en una entidad capaz de poner a andar las políticas y las medidas conducentes a
darle el prometido viraje al sistema. Un giro hacia un componente más
preventivo que curativo y hacia la garantía de que su desempeño se mida con
base en indicadores de salud y no solo financieros.
La
reapertura de esta cartera debe ser asumida como un paso importante hacia la
superación de la crisis de un sistema cuyos resultados siguen sin compadecerse
con el enorme esfuerzo económico que hace el país para sostenerlo.