Diversos sectores
rechazaron la propuesta gubernamental, tanto que el mismo procurador Alejandro
Ordóñez propuso, incluso, un referendo.
La propuesta del Gobierno de permitir el porte, uso y consumo de las
drogas sintéticas, dividió opiniones, incluso, son más las voces de rechazo a
la iniciativa que los que la acompañan.
La ministra de Justicia, Luz Stella Correa, explicó
que no se trata de una legalización sino del establecimiento de límites al
consumo, además que lo que se busca evitar que más adictos vayan a la cárcel y
“trazar una línea entre el criminal y el consumidor”.
No obstante, el presidente del Partido Conservador,
senador Efraín Cepeda, aseguró que solo pensar en esa posibilidad “es dar un
salto al vacío”, y anunció la negativa a la iniciativa.
Otro que salió al paso fue el expresidente
Álvaro Uribe, quien a través de Twitter dijo que la
propuesta va a“esclavizar más a la
juventud y drogar más sicarios para asesinar más personas”.
Añadió además que “con esa dosis personal lo que
hacen es validar la acción de los distribuidores y no los llevan a la cárcel,
ni llevan al hospital a los adictos”.
Por su parte, la presidenta del Polo Democrático,
Clara López fue más flexible y manifestó que se debe abrir el debate, ya que
consideró que lo que se debe establecer es hasta dónde puede llegar la
legalización para buscar “alternativas frente al fracaso de la guerra contra
las drogas”.
Sin embargo existen voces de apoyo como la del
senador Armando Benedetti, quien dijo que “la veo viable y la acompaño a
ultranza. Las cárceles están llenas de consumidores y de cultivadores pobres y
la guerra se tiene que dar contra el tráfico y el narcotráfico, esa es la real
guerra, no contra consumidores y cultivadores”.
Para Benedetti es claro que la suerte del proyecto
en el Congreso depende que haya “una discusión seria”, pero reconoció que “por
ahora veo a mis compañeros renuentes”.
En medio de la polémica, el procurador Alejandro
Ordóñez salió al paso de la propuesta que también rechaza.
Pero el Procurador no se quedó en la crítica y
anunció incluso la posibilidad de consultar el pueblo sobre el tema y anunció
que se acudiría incluso al referendo para determinar “si (los ciudadanos) están
de acuerdo en la despenalización de las drogas sintéticas y de las drogas en
general”.
Para Ordóñez, “esto no se puede
hacer a espaldas de las familias colombianas. Menester es que les consulten a
los padres de familia, a la sociedad en general, que es la que resulta afectada
con el consumo”.
Consideró equivocada la tesis de que se está
perdiendo la guerra contra las drogas, argumentando que las estadísticas
demuestran que hay una reducción de hectáreas cultivadas y “la pérdida de
pureza de los alucinógenos como consecuencia de la presión de las Fuerzas Militares,
así como la contracción del mercado y el aumento de las incautaciones”.
No. Primero que todo, hay que aclarar que no se
trata de una legalización sino de establecer límites al consumo.
Segundo, no estamos abriendo un camino, ese camino
ya estaba abierto. Las altas cortes se han pronunciado con respecto a este
tema, confirmando que en Colombia la dosis de uso personal no está penalizada.
El consumo y porte de drogas en dosis personales hoy está permitido, en virtud
de reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, uno de los cuales
fue proferido en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2009.
Lo que sí se busca es delimitar la línea entre
consumidor y delincuente, para atender al primero y encarcelar al segundo. No
sirve de nada enviar al consumidor a la cárcel.
No, es estrictamente el desarrollo de unas normas
que están en el ordenamiento jurídico colombiano desde hace casi treinta años,
y que reflejan las decisiones de la Corte Constitucional. No podemos
despenalizar algo que ya estaba despenalizado.
El control de la producción continúa con todo el
rigor, de tal forma que la cadena del narcotráfico seguirá siendo atacada de
manera implacable.
Sin embargo, es crucial atender al adicto como a un
enfermo; no como un delincuente.
Al contrario. La rehabilitación adecuada al adicto
debe redundar en la disminución del consumo. En términos generales, las
experiencias en países europeos demuestran que el tratamiento al adicto hace
visible este problema como un asunto de salud pública disminuyendo o
controlando este flagelo.
Algunos sectores del Congreso se han opuesto, con
razón, a la legalización, por la falta de información.
El Estatuto no pretende eso. Busca modernizar la
política de drogas, focalizar esfuerzos en la prevención y atención al
consumidor. Es que hoy mientras el consumo crece por fibra óptica, nuestras
políticas para combatirlo parecen hechas con telégrafo.
Es prematuro y el país lo que debe hacer es
concentrarse en el tema de salud pública, pero no abrir el compás para las
drogas sintéticas. En este momento hay una despenalización de marihuana y
cocaína pero no de las sintéticas y eso lo que va a generar es que se aumente
el microtráfico en el país, porque va a ser muy difícil controlar este tráfico.
Un ejemplo: si una persona tiene tres pepas de esas, quién puede controlar que
él se tome luego otras tres y así, la gente se puede morir con eso. También los
mismos distribuidores pueden cargar con esas tres pepas y van vendiéndolas y
evaden los controles de la Policía. Me parece que la medida es prematura.
Lo que veo es que efectivamente lo que se abre
camino es a la legalización de la droga, digamos que detrás de esa medida lo
que parece es que se busca eso. Lo otro es que el planteamiento de la Ministra
de Justicia cuando dice que quiere evitar que a los consumidores los manden a
la cárcel, ella lo que piensa es que en las cárceles no haya hacinamiento, pero
realmente las estadísticas demuestran que la gente que está detenida un 15% son
por tráfico y no por consumo, entonces eso está generando un problema de salud
pública mucho más grave por resolver el problema del hacinamiento carcelario.
Sí. Pienso que el presidente Juan Manuel Santos ha
sido partidario de la legalización de la droga y con esta medida está andando
hacia allá, porque la gente va a poder acceder con facilidad a ese tipo de
estupefacientes y es el primer paso para una legalización.
Claro, es un paso para legalizar. Lo que me parece
es que no tiene sentido que con hospitales quebrados y una crisis en la salud
quieran destinar recursos para eso y empaquetan esa medida porque ahora están
preocupados por la salud de los consumidores.
Pienso que es muy difícil que nos convenza así como
está la propuesta. Nosotros estaríamos en la línea de apoyar la salud pública,
pero no el tema del tráfico de esas pastillas ni esa legalización que se
pretende hacer. Si la política es invertir en centros de atención a los
adictos, eso lo apoyamos, pero si la política es como se plantea de legalizar
no se apoyará la medida.
El Gobierno ha estado más preocupado en el tráfico
y producción, pero ahora hablan del tema del consumo y es un tema que no se ha
estudiado. Prueba de ello es que la medida es muy amplia, porque no especifica
medicamentos ni el tipo de alucinógenos, ni hacen un estudio detallado a cada
uno, porque cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente. Sobre eso no hay
claridad.