Cali está armada hasta el alma
Cali
es una ciudad armada. Revólveres, escopetas, subametralladoras, pistolas.
También fusiles y granadas. Circulan en la calle por miles. Pueden aparecer en
esquinas, parques, colegios, hospitales, universidades. Pero casi nadie cae en
cuenta del exceso. Nadie, a pesar de que sean tantas como para que ni las
autoridades sepan cuántas hay. La aseveración no es un tiro al aire.
Según
el más reciente informe ‘Cali Cómo Vamos’, en esta capital donde hasta julio
habían sido asesinadas 1.012 personas –en promedio casi cinco asesinatos cada día–, hay cien mil armas de fuego. El dato puede alarmar
por el simple hecho de que la cifra es 50 veces superior a la de las armas que
hay en un batallón como el Pichincha. Sin embargo, la realidad puede ser aún
más explosiva.
Doris Tejeda,
directora del Observatorio Social, o Ana Inés Ricaurte, directora regional de
Medicina Legal, sospechan que el número de armas podría llegar a ser todavía
superior, tal vez dos veces, quizás más. Quién sabe. ¿Cómo contabilizar las
armas hechizas que se incuban y se venden como huevos en barrios como Manuela Beltrán (Distrito de Aguablanca),
por ejemplo?
Los
datos demuestran que en las calles hay un arsenal propio de una ciudad en
guerra. Armas como las que este año cegaron la vida de Cristofer
Gómez Keating, un ciudadano americano; Alexander
Grajales, un desempleado; Luis Alejandro Quiñónes, un cobrador; Everth
Mosquera, decano de economía de la universidad Santiago de Cali. Eso, para
mencionar sólo algunos nombres.
En
una revisión de las estadísticas de los salvoconductos expedidos en la ciudad,
queda en evidencia el exceso ignorado: el año pasado, en
Hasta los dientes
En
el depósito de armas de
Un
investigador del grupo de Armados Ilegales de
Cecilia
Mosquera, sicóloga de
Este
año, en la sede de la regional de Medicina Legal, se han realizado 1.855
necropsias de personas fallecidas en Cali y municipios vecinos. 1.198 de esas
diligencias fueron practicadas por homicidios. 1.009 de esos homicidios se
cometieron con un arma de fuego. Hasta el pasado 11 de agosto Medicina Legal
había practicado ya 1.078 necropsias a víctimas caleñas. 918 de ellas, por arma
de fuego. Mientras tanto, en los últimos 17 meses, a la oficina de balística de
la entidad apenas llegaron 226 armas para ser analizadas por estar relacionadas
con algún tipo de delito.
El
Coronel Javier Parada, Jefe del Estado Mayor de
Según
la fuente, ha sido posible establecer la forma en que reductos de
El
investigador de
Gatillos sin cédula
El
panorama de las armas puede resultar aún más convulso si se revisan las
estadísticas de los menores infractores. En este momento, por ejemplo, en el
Centro de Formación Juvenil Valle del Lili hay 242
menores recluidos. De ellos, 73 por haber matado a alguien. 12, por porte
ilegal de armas. 123 por hurto agravado o calificado. Muchos de esos robos y de
esas muertes, claro, se perpetraron con armas. Esta es tragedia conocida.
Como
también es conocida la historia que cuenta ‘Pepo’, un
pandillero del barrio Manuela Beltrán recluido allí.
‘Pepo’, que hace parte de la pandilla de El
Gallinero, dice con cierto orgullo que ha matado a muchas ‘liebres’, enemigos
del barrio en su jerga. Y que lo hizo con armas que conseguía con armeros de
ese sector. “Sólo hay que llevar la plata. Y ser conocido”.
Mientras
que en su barrio una pistola nueve milímetros se consigue en un millón de
pesos, una ‘pacha’, arma de fabricación artesanal con capacidad de dos disparos
calibre 32 o 38, se puede negociar en $90.000. La muerte, en esta ciudad, puede
transarse por lo mismo que vale una botella de licor en un sitio de rumba.
Lo
de las armerías no es mentira. El pasado mes de junio
Lo
que se puede hallar en las calles, da miedo. Doble U, un ex paramilitar
reinsertado que ahora jura ganarse la vida escoltando los repartos que un
camión de cerveza hace en uno de los sectores más deprimidos del Distrito de Aguablanca, se alza la camisa para enseñar el arma con la
que hace su trabajo: se trata de una escopeta recortada del tamaño de un pan
francés que en las calles se conoce como ‘Changón’.
Alguien,
que prefiere mantener en secreto, se la vendió en $80.000. El ‘changón’ que Doble U camufla a un costado de sus dorso, bajo una camiseta de baskebolista
retirado, va cargado de balines que en la distancia pueden abrirse como una
lluvia asesina. No es poesía criminal: un arma artesanal, por su puesto, no
garantiza el destino preciso de sus disparos. El ‘changón’,
así como puede ser accionado para defender el camión de un robo, puede quitarle
la vida a un niño asomado en algún balcón.
En
la calle también se mueven cosas como los ‘Sonopepas’,
revólveres de un tiro, que valen $50.000; ‘trabucos’: armas de doble cañón que
entregan por $30.000 y hasta cañones del tamaño de bolígrafos que disparan
proyectiles calibre 22, que se negocian en $20.000. Y se encuentran pistolas en
$2.000.000 y subametralladoras en $700.000. La
mayoría de esas armas, apunta Doble U, hoy viajan en el cinto de menores de
edad. ‘Chingas’, como se reconocen en los recovecos del hampa a los gatillos
sin cédula.
‘Chingas’
como ‘Pepo’, que habla de homicidios cometidos sin
miedo, justamente por su edad. Él sabe bien que ese es su blindaje, que eso le
da inmunidad para no ir a la cárcel. “Cuando cumpla los 18, la cosa cambia. A
Villahermosa sí me da miedo ir”.
‘Pepo’, temerario no sólo con las manos sino con su boca,
hace una denuncia. Cuenta que una vez lo capturó un policía en un asesinato.
Para evadir el juzgado, le propuso entregarle el arma homicida, una pistola
No más armas en el cinto
El
Alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, acepta que
la ciudad hay muchos que tienen un arma a la mano dispuestos a accionarla. “Sin
duda, Cali es una ciudad armada. No sólo por el elemento físico de las mismas,
sino por patrones de intolerancia que atentan contra la vida. Con respecto al
armamento físico, son varias sus causas. Está el narcotráfico, que con su
dinero importa armas a la ciudad. Están también las armas hechizas. Y el otro
elemento son las propias armas que produce y comercializa Indumil”.
Entonces,
dice el Alcalde, se deben tomar correctivos. Que los países del mundo entero
restrinjan la venta de armas. Perseguir a las redes de armas hechizas e
ilegales en Cali. Que la propia industria (Indumil)
no venda ni comercialice armas en el mercado local. Que el Estado se niegue a
venderles armas a particulares. Y que sea una decisión permanente la
restricción del porte de armas en la ciudad.
Pero
esa última medida, cree Ana Inés Ricaurte, directora regional de Medicina
Legal, no es suficiente. Está sentada en su escritorio y al fondo se ve un
termo de la serie de televisión CSI. La directora regional de Medicina Legal
piensa que un gran porcentaje de las muertes en Cali con armas de fuego se dan
por ajustes de cuentas entre delincuentes, gente del narcotráfico, de las
pandillas, que tienen acceso a armas ilegales. Pero ciudadanos ‘de bien’, tipo
empresarios, tipo comerciantes, que compran un arma para su seguridad personal
y familiar, asegura, poco se ven inmiscuidos en homicidios.
“No
le voy a decir que no se presenten casos, porque sería falso. Pero el
porcentaje es mínimo”, dice. Aunque no menos significativo. Nada más para citar
un caso: el pasado 13 de febrero Nicolás Orozco, un chico de 16 años estudiante
del colegio
El
arma homicida tenía salvoconducto. “¿Cómo es posible que pase eso y que el
homicida aún no esté preso? Se pregunta desde los Estados Unidos, Cristina Walther, tía del muchacho.
La
ecuación de las armas es tan compleja que aunque la gente en la calle insiste
en armarse, al ser consultada sobre el tema opina que una restricción
permanente podría ayudar a conjurar la problemática. Esta semana El País se lo
preguntó a 154 caleños: de los encuestados, sólo 22 dijeron estar de acuerdo
con el porte.
Aunque
lo desconocen, su respuesta está apoyada en hechos anteriores: en marzo de
1995, cuando en Cali se prohibió el porte, la tasa de homicidios por armas de
fuego se redujo 6,6 puntos en doce meses. Lo escribe el analista político Óscar
Echeverry.
Y
agrega. En 1996, la tasa de homicidios estaba en 84,0 y, con la medida, pasó a
68,0 en 1997. Ese año, cuando se levantó la medida, los homicidios se
dispararon a 136, en promedio, cada mes. Trece años después, se contabilizan
144 muertos cada treinta días. Cada año, desde entonces, se ha registrado una
víctima más. Las cifras, no son un tiro al aire.
Cifras