Las personas afiliadas a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado
que, por fallos de tutelas o decisiones de comités técnico científicos, reciban
medicamentos, insumos y cirugías que no están en el POS, tendrán que ayudar a
costearlos, según su capacidad de pago; las condiciones para este cobro aún no
se han definido.
El Gobierno, de otro lado, establecerá precios de referencia para los
medicamentos recobrados por las EPS al Fosyga y a los entes territoriales, que
este año se aproximan a tres billones de pesos, por encima de los cuales no
pagará las cuentas de cobro.
Lo anterior forma parte de las medidas que se adoptarán al amparo de la
emergencia social decretada el miércoles, a las cuales se sumará la entrega de
recompensas a quienes denuncien actos de corrupción en el sector salud, cuyas
finanzas están agobiadas por los billonarios
recobros, la desviación de recursos, entre otros males que lo aquejan.
Los anuncios los hizo el ministro de la Protección Social, Diego Palacio,
quien dijo que el Fosyga sólo manejará los recursos para el Plan Obligatorio de
Salud (POS) de los dos regímenes y los destinados a la atención de víctimas de
actos terroristas, al tiempo que se creará una cuenta para todo lo que esté por
fuera del POS.
Para atender de manera permanente lo que no esté en el POS, el Gobierno
aumentará los impuestos del tabaco, cigarrillo, cerveza, licores y los de
juegos de suerte y azar; ese ajuste, dijo, puede generar entre 800.000 millones
de pesos y un billón de pesos.
El sistema de salud está a punto de colapsar: Acemi, el gremio de las EPS
dice que el año entrante pueden desaparecer nueve de sus asociados; hospitales
y clínicas reclaman cerca de dos billones de pesos en mora por servicios
prestados y los departamentos aseguran que tienen un déficit en salud cercano a
900.000 millones de pesos. En suma, la iliquidez se apoderó del sistema; esto
motivó la declaratoria de emergencia social.
Para poner en ceros al sistema, precisó Palacio, se requieren
aproximadamente 2,2 billones de pesos, los cuales resultarán de varias de las
medidas que se adopten con el paraguas de la emergencia.
Así, alrededor de 600.000 millones de pesos provendrán de la liquidación de
contratos en el régimen subsidiado y que son dineros disponibles que no se han
utilizado, lo mismo que entre 500 y 700.000 millones de pesos que están en
poder de administradoras de cesantías y pensiones y que han sido girados por la
Nación para responder por estas obligaciones de funcionarios públicos
vinculados a la salud, más 47.000 millones de pesos que estaban destinados a
financiar la ampliación de la salud subsidiada, más 50.000 millones de las
reservas de las loterías para pagar premios no reclamados.
A lo anterior se agregan los 800.000 millones de pesos que debe producir, de
manera permanente, la reforma tributaria regional.
50 mil millones de pesos saldrán de las reservas de las loterías por premios
no reclamados