Es indignante. En siete años no pudo armar un equipo capaz de redactar
decretos de Emergencia Social y hacer seguimientos a sus políticas, y tuvo que
contratar expertos. Su inutilidad nos costó 1.950 millones de pesos, una burla
en estos tiempos de miserias.
Sólo por ese despilfarro el ministro Diego Palacio debería abandonar el
Gobierno. Claro que si tuviese un ápice de dignidad lo habría hecho cuando
decretaron la Emergencia, evidencia de su fracaso. Dos periodos en Protección
Social y todo lo que ofrece es una improvisada operación de rescate in extremis para evitar la quiebra.
Que la sanidad pública estaba abocada a la ruina era cantado. Cualquier
mortal adivinaría que meter al sistema subsidiado a 23 millones de personas
cuando solo hay 14 millones que cotizan en el contributivo era una aventura
impagable.
Pero, claro, había que hacer populismo y politiquería con los carnés del
Sisbén y con los dineros de la Salud, que manejan y roban, entre otros,
alcaldías y gobernaciones, y ahora todos estamos fregados.
Pretender que un asalariado de ingresos altos, que paga el 12 por ciento
reglamentario por salud y pensión, tenga que vender carro y casa y agotar los
ahorros para financiar un tratamiento largo es una bellaquería, un atropello a
los derechos adquiridos. ¿Para qué cotiza uno entonces? ¿Será lo mismo cuando
se jubilen? ¿Dirán que les sobra la plata y se la quitan? ¿Y qué pasará con los
niños enfermos? Mañana se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, mal
que está disparado en Colombia. Los afectados de leucemia –cáncer más extendido
entre los infantes– tienen un índice de supervivencia en casi todo el país de
solo el 40 por ciento, mientras que en la Fundación Hospital de la Misericordia
de Bogotá sube hasta el 72 por ciento. Pero a ese hospital pediátrico –uno de
los cuatro que hay en toda Colombia– le retiran a veces los pacientes a mitad
del tratamiento para llevarlos a otros centros de adultos y ahorrar dinero. Si
el niño fallece por los traslados, a nadie le importa y tampoco hay a quién
reclamarle porque una EPS puede cambiarlos de lugar.
El año pasado se dieron 2.080 nuevos casos de leucemia en menores y muchos
de los medicamentos que requieren no están en el POS. Además, ocurre algo
escalofriante y es que los niños están llegando a su primera cita con el
oncólogo con la enfermedad avanzada y eso significa que les retrasaron el
diagnóstico por falta de interés y de exámenes.
No me extraña que la futura senadora y ex concejala Gilma
Jiménez proponga que los actos de corrupción –yo añadiría de ineptitud– que
afecten a la salud de los niños sean considerados homicidio en tentativa.
Y es que uno analiza el cuadro general de la Protección Social para niños,
adultos y ancianos, y se echa a temblar. Las EPS y sus IPS son un mero negocio
financiero; las ARS, una asociación para delinquir que alcahuetea la
politiquería, la desidia y el robo de los gobiernos locales y departamentales
que deben millonadas a los hospitales; el Sisbén, un necesario seguro social, pero
también un botín de políticos y un fomento de la informalidad laboral; los
grandes laboratorios farmacéuticos, usureros que triplican sus precios en
Colombia; los médicos, una profesión que no está regulada, en donde conviven
excelentes, generosos y dedicados profesionales con mercaderes de bata blanca;
y las cámaras legislativas, aprovechados que permiten los desmanes en el
sistema sanitario para proteger a financiadores de
campañas.
Es innegable la urgencia de una reforma, pero o la lidera alguien que sepa
del tema y convence a todos los implicados para sacarla adelante, o se hundirá
sin remedio. Uribe y su celador ministerial no son aptos para la misión porque
contribuyeron al caos. Esperemos a los siguientes, mientras los citados y sus
costosos asesores aplican paños calientes..