Así fue la millonaria estafa al Seguro Social

Años después del anuncio de la liquidación del Instituto no hay certeza de las pérdidas por trampas.

Sin haber cotizado un día al Seguro Social, Rafael Mizrachi logró, con documentos falsos, que el Instituto le concediera una pensión de vejez y un pago retroactivo por más de 150 millones de pesos.

Mizrachi es una de las 63 personas investigadas por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en una multimillonaria estafa, frente a la que palidecen los escándalos del ‘carrusel’ de pensiones de la Judicatura o las ‘megapensiones’ de algunos exmagistrados y excongresistas.

Esa investigación es parte de siete capítulos que tiene abiertos la justicia por hechos de corrupción que desangraron al Seguro Social, hoy en liquidación. Silvia Helena Ramírez, apoderada general de la liquidación, le dijo a EL TIEMPO que las trampas hasta ahora detectadas van por los 120.000 millones de pesos, pero que la cuenta va en aumento.

La investigación, que se inició en el Valle del Cauca por trámites de pensiones realizadas en el 2007, se extendió a Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Montería, Medellín, Bogotá y Ciénaga. Según el expediente de la Fiscalía, los investigados lograron pensionarse irregularmente. “No había coincidencias entre las semanas cotizadas, ni con el nombre de las empresas aportantes”, dice la acusación.

Uno de los casos que más sorprendió a los investigadores fue el de un hombre identificado como Leonel Mondragón, ahora acusado de los delitos de uso de documento público falso, fraude procesal y peculado.

Él cotizó solo 28 semanas y con papeles falsos acreditó otras 1.095, por lo que, en febrero del 2007, se ordenó el reconocimiento de una pensión mensual de 1’604.930 pesos y un retroactivo de 35’170.654. El expediente dice que el mismo Mondragón, con otra identidad (Dagoberto Rojas), tramitó una pensión fraudulenta. En el mismo caso aparecieron dos de sus familiares: Ana Libreros y Orlando Mondragón. La primera recibió más de 25 millones de pesos del Seguro, y el segundo, más de 13 millones. Pagos a otros ‘aportantes fantasma’ por otros diez mil millones ya fueron frenados.

Otro de los investigados es el abogado Carlos Gabriel Ortiz , quien, según el expediente, no solo tramitó una pensión ilegal, sino que suplantó al beneficiario. Alcanzó a recibir pagos por 65 millones de pesos. Ya fue condenado a nueve años de cárcel.

La investigación de la Fiscalía revela que en el Seguro Social, entre el 2006 y el 2007, se suplantaron personas, se falsificaron historias laborales y hasta se tramitaron tutelas para que aquel tuviera que seguir pagando pensiones suspendidas. Solo en el Valle el fraude superó los 4.000 millones de pesos.

Durante la investigación se perdieron de la sede del Seguro 24 expedientes dudosos. Las autoridades realizan un barrido de las pensiones pagadas, pues hay sospecha de que esas trampas se venían registrando al menos desde el año 2000.

La liquidadora del Seguro señaló que, tras esos hallazgos, se blindaron las bases de datos del Instituto y los procesos para aprobar las pensiones. Ese proceso se mantiene en el traslado de más de dos millones de expedientes a Colpensiones, que ahora manejará el pago de las mesadas.

En la investigación están los exfuncionarios del Seguro Edwin García y Rosa Iris Ceballos; una de sus familiares, María Bedoya, alcanzó a tramitar la pensión pero luego de descubrir irregularidades se suspendió el pago.

Fraude con procedimientos

Nelson Vives Lacouture, exgerente del Seguro Social en Magdalena e integrante de una reconocida familia de la Costa que recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro, fue condenado a nueve años de cárcel por una millonaria estafa contra el Instituto. Vives, según la justicia, hacía parte de una red que falsificaba facturas de clínicas y luego demandaba al Seguro por supuestas cuentas sin pagar. Ese grupo cobró por la extirpación del útero a dos hombres.

REDACCIÓN JUSTICIA 
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