Sin haber cotizado un día al
Seguro Social, Rafael Mizrachi logró, con documentos
falsos, que el Instituto le concediera una pensión de vejez y un pago
retroactivo por más de 150 millones de pesos.
Mizrachi es una de las 63 personas investigadas por la
Fiscalía por su presunta responsabilidad en una multimillonaria estafa, frente
a la que palidecen los escándalos del ‘carrusel’ de pensiones de la Judicatura
o las ‘megapensiones’ de algunos exmagistrados y
excongresistas.
Esa investigación es parte de
siete capítulos que tiene abiertos la justicia por hechos de corrupción que
desangraron al Seguro Social, hoy en liquidación. Silvia Helena Ramírez, apoderada
general de la liquidación, le dijo a EL TIEMPO que las trampas hasta ahora
detectadas van por los 120.000 millones de pesos, pero que la cuenta va en
aumento.
La investigación, que se
inició en el Valle del Cauca por trámites de pensiones realizadas en el 2007,
se extendió a Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Montería, Medellín, Bogotá y
Ciénaga. Según el expediente de la Fiscalía, los investigados lograron
pensionarse irregularmente. “No había coincidencias entre las semanas
cotizadas, ni con el nombre de las empresas aportantes”, dice la acusación.
Uno de los casos que más
sorprendió a los investigadores fue el de un hombre identificado como Leonel
Mondragón, ahora acusado de los delitos de uso de documento público falso,
fraude procesal y peculado.
Él cotizó solo 28 semanas y
con papeles falsos acreditó otras 1.095, por lo que, en febrero del 2007, se
ordenó el reconocimiento de una pensión mensual de 1’604.930 pesos y un
retroactivo de 35’170.654. El expediente dice que el mismo Mondragón, con otra
identidad (Dagoberto Rojas), tramitó una pensión fraudulenta. En el mismo caso
aparecieron dos de sus familiares: Ana Libreros y Orlando Mondragón. La primera
recibió más de 25 millones de pesos del Seguro, y el segundo, más de 13
millones. Pagos a otros ‘aportantes fantasma’ por otros diez mil millones ya
fueron frenados.
Otro de los investigados es
el abogado Carlos Gabriel Ortiz , quien, según el
expediente, no solo tramitó una pensión ilegal, sino que suplantó al
beneficiario. Alcanzó a recibir pagos por 65 millones de pesos. Ya fue
condenado a nueve años de cárcel.
La investigación de la Fiscalía revela que en el Seguro Social, entre
el 2006 y el 2007, se suplantaron personas, se falsificaron historias laborales
y hasta se tramitaron tutelas para que aquel tuviera que seguir pagando
pensiones suspendidas. Solo en
el Valle el fraude superó los 4.000 millones de pesos.
Durante la investigación se
perdieron de la sede del Seguro 24 expedientes dudosos. Las autoridades
realizan un barrido de las pensiones pagadas, pues hay sospecha de que esas
trampas se venían registrando al menos desde el año 2000.
La liquidadora del Seguro
señaló que, tras esos hallazgos, se blindaron las bases de datos del Instituto
y los procesos para aprobar las pensiones. Ese proceso se mantiene en el
traslado de más de dos millones de expedientes a Colpensiones,
que ahora manejará el pago de las mesadas.
En la investigación están los
exfuncionarios del Seguro Edwin García y Rosa Iris Ceballos; una de sus
familiares, María Bedoya, alcanzó a tramitar la pensión pero luego de descubrir
irregularidades se suspendió el pago.
Fraude con procedimientos
Nelson Vives Lacouture, exgerente del Seguro Social en Magdalena e
integrante de una reconocida familia de la Costa que recibió subsidios de Agro
Ingreso Seguro, fue condenado a nueve años de cárcel por una millonaria estafa
contra el Instituto. Vives, según la justicia, hacía parte de una red que
falsificaba facturas de clínicas y luego demandaba al Seguro por supuestas
cuentas sin pagar. Ese grupo cobró por la extirpación del útero a dos hombres.
REDACCIÓN JUSTICIA
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