Arreglo entre Fosyga y EPS se demora: reclamos por $500.000 millones, para 2010

Las EPS alegan que esa cifra corresponde a servicios prestados a sus afiliados que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y, por lo tanto, tienen derecho a recobrárselos al Fosyga.

Este, junto con el Ministerio de la Protección Social, argumenta que ya les pagó una porción de ese valor.

El Gobierno y las EPS, con la mediación de la Contraloría y la Procuraduría, han intentado dirimir esa deuda, pero hasta el momento no hay resultados concretos ni los habrá de aquí al 31 de diciembre.

Una reunión conciliatoria, otra más en este largo proceso, fue suspendida por la Contraloría y no se prevé un nuevo encuentro para las próximas semanas.

El de los recobros al Fosyga por medicamentos, insumos y procedimientos que no están en el POS -simultáneamente con los que se hacen a los departamentos provenientes del régimen subsidiado de salud- es uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema de salud.

El presidente de Acemi (gremio que agrupa a 15 EPS privadas), Juan Manuel Díaz-Granados, insiste en que si el Fosyga no les paga todo lo no POS, nueve de sus agremiadas suspenderían labores en el 2010.

El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, no le ha dado mayor importancia a esa advertencia, pero ahora surgen rumores de que ya hay cesación de pagos de algunas EPS porque el Fosyga no les ha cumplido. "No se entiende que, dado el flujo de recursos, se hable de cesación de pagos de las EPS hacia las IPS (clínicas y hospitales) del régimen contributivo", dijo el viceministro Técnico, Carlos Jorge Rodríguez.

Por compensaciones, licencias, incapacidades y promoción y prevención, las 25 EPS del régimen contributivo han recibido 8,9 billones de pesos en el 2009, precisó el funcionario, a los que se agregan 1,3 billones de pesos por recobros.

Los recursos llegarían más tarde 

Los 500.000 millones de pesos que las EPS reclaman como deudas viejas del Fosyga seguirán siendo un palo en la rueda de sus relaciones con el Gobierno. Incluso, asegura Díaz-Granados, si la conciliación se lograra en este momento, el flujo de caja de las EPS sólo mejoraría después de ocho meses, cuando la Procuraduría avale el arreglo y los jueces le den el visto bueno.