Apuesta por detener la biopiratería
Colombia
firmó el Protocolo de Nagoya para blindar el uso de su biodiversidad.
El
pasado miércoles en Nueva York, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en firmar el
Protocolo de Nagoya, un acuerdo que se concretó a finales del año pasado
durante
"Colombia tenía la obligación de estar a la cabeza de la fila de los
países que estamos de acuerdo con esta iniciativa global", dijo Sandra Bessudo, la asesora presidencial para el medio
ambiente, y quien representó al Gobierno en este acto protocolario.
Esta frase de Bessudo está justificada: la primera
razón es que este Protocolo es el único que la humanidad ha logrado redactar
para ordenar un tema que históricamente ha estado a la deriva: el manejo que
el hombre les da a plantas y animales para producir recursos que mejoren su
nivel de vida.
Es
decir, resuelve el inconveniente que se genera cuando, por ejemplo, empresas
farmacéuticas de Estados Unidos o Europa logran fabricar un medicamento contra
el cáncer usando el veneno de una rana del Chocó.
En lugar de huir del país y obtener utilidades con ese fármaco sin dar nada a
cambio, se podrá garantizar con eficacia que esas compañías fabricantes entreguen
beneficios por la creación de ese producto, con los que retribuyan al Estado y
a las comunidades que habitan en el lugar de donde se extrajeron sus materias
primas.
Hoy,
con frecuencia, una gran cantidad de recursos genéticos (por ejemplo extraídos
de semillas, de flores o animales amazónicos o del Caribe) han sido sacados
ilegalmente del país para ser patentados en el exterior.
Y
si alguna empresa viene a investigar de buena fe, debe solicitar permisos a las
CAR o al Ministerio de Ambiente que se entregan con
lentitud y que no facilitan el trabajo del científico.
Teniendo en cuenta que Colombia es el país más biodiverso
del mundo por kilómetro cuadrado, el Protocolo funcionaría como una armadura
que blindaría toda esa riqueza, pero a la vez, que permitiría el desarrollo de
la ciencia.
También frenaría la explotación de los indígenas, que no se benefician de los
hallazgos que se hacen en sus territorios.
"Si
una empresa va a explotar nuestros recursos, el Protocolo la obligará a obtener
un consentimiento del Estado y a aclarar qué recursos usará (genéticos o
bioquímicos), durante cuánto tiempo y si quiere hacer investigación o
explotación comercial. Así, los más avispados ya no serán los biopiratas", explicó Fernando
Casas, co-presidente del Comité del Protocolo de
Nagoya, un colombiano que logró poner de acuerdo a 192 delegaciones en Nagoya,
para que el camino hacia la puesta en marcha de este tratado haya comenzado.