Las confesiones de dos de las cinco personas capturadas en mayo del año
pasado y vinculadas a una red que cometió un millonario fraude a la salud están
a punto de abrir un nuevo capítulo judicial que llevaría a prisión al menos a
20 funcionarios de EPS.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción preparan una veintena de
solicitudes de órdenes de captura para esos funcionarios, que habrían
facilitado el pago de millonarios recobros por procedimientos médicos que
nunca se realizaron y la entrega de medicamentos que no llegaron a los
pacientes.
El ingeniero de sistemas John Carlos Lamus y Mauricio Durán Poveda han entregado a la Fiscalía información sobre
irregularidades con recobros que superan los 100.000 millones de pesos.
Con esos datos, los investigadores examinaron miles de documentos realizados por
las EPS en los últimos 10 años y comprobaron que con papeles falsos se lograron
esos millonarios pagos, incluso algunos de los medicamentos y procedimientos
fueron aprobados a personas muertas.
Lamus y Durán, presos desde hace 17 meses, luego de
ser detenidos como parte de la organización que según las autoridades lideraba
la exfuncionaria del Ministerio de Protección Social
Claudia Patricia Rojas Puerta, negociaron con la Fiscalía un principio de
oportunidad para obtener beneficios.
Fuentes cercanas al caso señalaron que ese segundo capítulo del
escándalo es solo la punta del iceberg de una defraudación que le habría
costado al sistema varios billones de pesos.
La Fiscalía ya tiene en su poder los documentos que demuestran el fraude y se
espera que se levante el paro
judicial para empezar a pedir las órdenes de captura contra los
funcionarios, a los que les imputarán cargos por concierto para
delinquir, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.
En su momento, el jefe de la Unidad Anticorrupción Mario Montes había dicho
que esta organización se quedaba con el 6 por ciento de los cobros y ahora la
Fiscalía cree haber encontrado a los funcionarios a los que llegaba el otro 94
por ciento del dinero.