Esta
semana, la Corte Constitucional realizará la audiencia clave para decidir si
las pensiones millonarias que reciben excongresistas, exmagistrados y otros
altos funcionarios no van más. La ponencia del magistrado Jorge Pretelt, como lo reveló EL TIEMPO en noviembre pasado, las
mete en cintura, y la contralora General, Sandra Morelli,
advierte que eso es lo que debe pasar, no solo desde lo legal sino desde el
punto de vista ético y de solidaridad social.
Dice
que con estas megapensiones, en Colombia el concepto
de equidad se desfiguró para beneficiar a los pudientes.
¿Qué le va a decir la Contraloría a la Corte
Constitucional en la audiencia del 24 de enero?
La
Contraloría no puede decir nada distinto a lo que establece el Acto Legislativo
001 del 2005, que no permitía pensiones a cargo del Estado de más de 25
salarios mínimos, no se ha cumplido y que esta realidad está poniendo en serio
peligro la sostenibilidad financiera del régimen pensional en Colombia, que de
por sí es una utopía. Esta demanda es una magnifica ocasión para que la Corte
nos dé los parámetros para el reconocimiento de las pensiones teniendo en
cuenta los conceptos legales, los de equidad y la responsabilidad fiscal.
¿Cómo se llega a que jueces y tribunales
concedan pensiones de $ 20 millones y más, sin los aportes necesarios y en un
país en el que la mayoría no se van a poder jubilar?
La
Constitución del 91 estableció en buena hora la filosofía de la equidad, en
términos de que a todo el mundo se le debe garantizar la igualdad, para garantizar
los postulados del Estado Social de Derecho. Pero esto apunta claramente a
proteger a las personas menos pudientes, para que puedan mejorar su condición.
Ni la Constitución ni la doctrina constitucional dicen por ninguna parte que
ese principio de equidad social se dirija a los de mayores posibilidades
económicas, que fue lo que ocurrió en el país. Ese no es el principio de
igualdad.
Meter en cintura las pensiones es una 'papa
caliente' que se ha pasado de mano en mano por años. ¿Cree que esta vez saldrá
una decisión que le sirva al país?
En
Colombia hay un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy claro, nadie
más transparente en esa materia que los magistrados de la Corte Constitucional,
algunos de los cuales se declararon impedidos. De hecho esta va a ser una
decisión donde van a participar personas extrañas a la Rama (conjueces). Para
todos es claro que seguir como vamos tiene dos consecuencias. Uno, darle un
alcance al principio de igualdad que no es el del Estado Social de Derecho, de
una protección injustificada para aquellos de mayores ingresos. Segundo, seguir
por esta vía lleva a insostenibilidad financiera del sistema pensional, en
detrimento de millones de colombianos pobres. Lo que ha sucedido en el mundo es
que así se tengan derechos adquiridos, se han venido recortando privilegios y
se han establecido unos topes, tanto mínimos como máximos. El salario mínimo es
insuficiente para un pensionado que tenga que pagar salud, arriendo,
sostenimiento. Pero una pensión de 25 salarios mínimos o más a cargo del Estado
es un exceso, incluso en los países europeos.
¿No resulta un poco obsceno que se pague
pensiones de 20 millones de pesos o más a unos pocos centenares de personas, de
cara a la realidad de los que no tienen pensión o reciben un salario mínimo?
Ese
es exactamente el problema. Y hay otras pensiones, como las famosas del Foncolpuertos, que no solo eran obscenas, sino
delincuenciales y que en buena hora se han caído por decisiones judiciales. Acá
hay un problema de fondo: no se trata de que estas pensiones hayan sido
asignadas por decisiones judiciales y por eso la culpa es de los jueces. No. A
eso súmele que, aparte de la Ley 100, ningún Gobierno ha presentado hasta ahora
una propuesta seria en materia pensional que ponga las reglas claras, que
enfrente el problema mundial de sostenibilidad a largo plazo (en marzo se
presentará la del gobierno Santos).
¿Qué espera usted que decida la Corte
Constitucional?
Que
se reafirme que lo que está vigente es lo que señala el Acto Legislativo del
2005: que el 31 de diciembre del 2014 no hay más regímenes especiales para
pensión, que se acaba por completo la transición para todos los colombianos,
salvo los regímenes exceptuados por Constitución que son Fuerzas Militares y
Presidente. Todos los demás nos pensionamos según lo que dice la Ley 100, es
decir, según los aportes realizados al sistema. Además, que desde la expedición
del acto legislativo 01 del 2005 no puede haber ninguna pensión de mas de 25
salarios mínimos. Y es importante que la Corte establezca que no se pueden
incluir en las liquidaciones tiquetes o viáticos, como sucede ahora. Es muy
importante que nos metamos en la cabeza esto: que la pensión depende el ahorro
que hice, que si no he hecho ahorro o si mi ahorro fue poco, el beneficio
pensional también será poco. Esas pensiones les está
quitando la posibilidad y el derecho de jubilarse a miles de personas de bajos
recursos. Ellos son los que están pagando principalmente esas pensiones
millonarias. Eso no es lo que ordena la Constitución.
Si la decisión de la Corte sale como la espera
el país, ¿cuáles serán los beneficios?
Hemos
hecho un cálculo inicial. La plata por encima de los 25 salarios mínimos que ya
no habría que pagar alcanza para garantizar la pensión de 3.000 personas de las
que reciben el salario mínimo al mes.
'El país no sabe el
tamaño de la bomba pensional'
La
Contraloría asegura que los problemas en materia de pensiones van mucho más
allá de los regímenes privilegiados. Morelli
cuestiona que ningún Gobierno ha optado por llevar un cálculo al menos
aproximado de lo que le costarán las pensiones en los próximos años.
¿Hay cálculos de lo que tendrá que pagar el
país en materia de pensiones?
En
todo el mundo existe el problema de la bomba pensional. Pero en Colombia no se
contabiliza, ni siquiera lo que creyéramos se debe contabilizar. El Contador
General de la Nación y los ministros del ramo piensan equivocadamente que yo
pretendo obligarlos a que metan dentro del presupuesto nacional todo ese
cálculo pensional como un pasivo. No, porque eso equivaldría a declarar la
quiebra del Estado. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Pero eso no
implica que no se lleven cuentas de las contingencias; no hacerlo es de una
gravedad y de un infantilismo increíbles, porque
equivale a pensar que por no registrar las obligaciones que se tendrán en
futuro estas no existen. Pero no es lo único. Acá el Estado asumió unas
pensiones de entidades que tenían fondos propios y que fueron saqueadas. Nadie
en el Estado está averiguando por lo que pasó con esas platas.
¿Cómo ve a los fondos privados de pensiones?
Creo
que es importante que haya mayores controles, para evitar lo que pasó en otros
países, en Estados Unidos, donde malas inversiones de esos fondos terminaron
afectando a miles de pensionados. La Contraloría revisa algunas inversiones de
algunos fondos privados, por ejemplo, en Interbolsa.
No es que sean inversiones ilegales, pero debe haber mejor control. Los fondos
de pensiones son muy sensibles a lo que pasa en el mercado, por eso es muy
importante para el Estado y para los fondos que las inversiones sean muy sanas.
REDACCIÓN
JUSTICIA