Editorial: ... y ahora los hospitales

La salud no aguanta un escándalo más.

    Recién pasado el embate informativo sobre los graves problemas de corrupción en la salud, surge un nuevo mensaje de alarma sobre la persistencia de una crisis financiera en los hospitales, que los tendría al borde de la inviabilidad.

    Asegura el gremio que los agrupa que las demoras en el flujo de los recursos dentro del sistema de salud, que se suman a las deudas acumuladas de las EPS y los entes territoriales, los tienen asfixiados. Si en este caso se aplica aquella máxima de que las empresas se quiebran por la caja, se puede inferir que un número significativo de hospitales y clínicas estaría a punto de entrar en una agonía irreversible.

    Colombia, con el deterioro que caracteriza a los indicadores en esta materia, no puede darse el lujo de cerrar hospitales por problemas financieros generados por vericuetos administrativos y flujo lento de los recursos. Hay que dejar sentado que esta situación no es la misma para la red pública que para la privada. Una mirada rápida a la primera deja ver que algunos atraviesan por la peor crisis de los últimos veinte años.

    Por ejemplo, el Universitario del Valle tiene una cartera que sobrepasa los 325.000 millones de pesos y se ha visto obligado a suspender servicios ambulatorios. Los funcionarios del Federico Lleras Acosta, de Ibagué, están en paro desde el 23 de junio por las demoras en los pagos de salarios; además, se le deben cerca de 83.000 millones de pesos (de ese total, unos 30.000 millones superan el año de haber sido cobrados).

    En el Cauca, el Hospital Francisco de Paula Santander tiene una cartera de 8.160 millones de pesos, y el de El Bordo debe más de dos meses de sueldo a sus empleados y más de seis meses de pagos a sus proveedores. Al San Jorge, de Pereira, se le adeudan 38.000 millones de pesos y los pagos a sus proveedores tienen retrasos superiores a los 90 días.

    Las crecientes dificultades han dejado sentir su impacto incluso en entidades hospitalarias que hasta hace poco se mostraban robustas y boyantes. Un informe de la revista Dinero, de mayo de este año, sobre las 5.000 empresas del país reseñó los estados financieros de 149 hospitales a 31 de diciembre del 2010. De ese grupo, 25 presentaban pérdidas y 41 reportaban un flujo de caja negativo.

    Si el estado de resultados refleja la gestión, y el flujo de caja, la disponibilidad de recursos para operar, se puede decir, a partir de esta muestra, que la amenaza se explica mejor por la situación del sector que por la gestión de estas instituciones.

    Bien hace el ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, en buscar otras alternativas de solución, como la agilización de la entrega de recursos mediante el giro directo a los hospitales.

    Sin embargo, antes de seguir planteando discusiones sobre escenarios apocalípticos de crisis, el país necesita claridad sobre a cuáles se les debe y por qué han crecido esos montos, cuánto dinero ha girado el sistema a las EPS y a los entes territoriales para pagarles a estas instituciones, por qué se demoran en pagar, cómo facturan los hospitales, cuál es la calidad de su gestión y de qué tamaño es la deuda realmente. Con base en tal información, que está en manos de la Superintendencia Nacional de Salud, sería posible empezar a emprender acciones conducentes a resolver el problema.

    Este análisis debe partir de un hecho fáctico, ratificado por el Gobierno: que la salud tiene recursos suficientes para garantizar un modelo de aseguramiento, centrado en la gestión del riesgo, en el que se exijan responsabilidades y se fijen reglas claras a todos los actores, pensando siempre en los usuarios. La salud no aguanta un escándalo más.

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