Se agudiza debate por medidas de
Emergencia Social que reforman la salud
Las
restricciones impuestas a los servicios de salud que no hacen parte del POS
generaron un fuerte debate. Gobierno asegura que el nuevo plan de salud será
mejor.
Gremios
de la salud, pacientes y ciudadanos recibieron con preocupación el contenido de
algunos de los diez decretos expedidos el viernes por el Gobierno, en el marco
de la Emergencia Social.
La
mayor controversia está dada por cuenta del decreto 128, que regula los
servicios no POS, es decir los que no están contenidos en los planes de
beneficios de los colombianos, y que en adelante se llamarán "prestaciones
excepcionales en salud".
La
norma plantea que los pacientes que necesiten estos servicios, los costeen de
acuerdo con su capacidad de pago, que se establecerá con un estudio de su
patrimonio personal y familiar.
Ésta
abre la posibilidad de que los enfermos recurran a sus cesantías, ahorros pensionales e incluso a créditos blandos para responder por
estas prestaciones. Los colombianos sin capacidad de pago podrán acceder a la cofinanciación de esos servicios a través del Fondo de
Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés),
siempre que cuenten con la autorización de comités técnicos, creados con ese fin.
El 128 aclara que los recursos del Fonprés son
finitos, por lo que responderá, cada año, sólo hasta que éstos alcancen.
La
zozobra de los usuarios del sistema de salud surge porque a estas alturas no
está claro qué servicios y medicamentos contendrá el nuevo POS que, de acuerdo
con el Gobierno, tendrán los colombianos a partir de julio de este año.
Diego
Palacio, ministro de la Protección Social, explicó que estos decretos (que
deberán ser reglamentados) buscan garantizar que todos los colombianos tengan
acceso a la salud, en las mismas condiciones. En ese orden de ideas -asegura
Palacio- se unificarán y ampliarán los planes de beneficios de los afiliados a
los régimenes subsidiado y contributivo.
El
Ministro dijo confiar en que, superado ese proceso, sean pocos los servicios
que no queden cubiertos. Afirmó, además, que los planes más amplios desestimularán la interposición de tutelas. Lo dicho por
Palacio, no obstante, contradice lo consignado en otro de los decretos (el
131), que cambia el concepto de POS de los colombianos.
Según
el texto, en adelante éste priorizará la atención de baja complejidad en
medicina y odontología general y sólo permitirá el manejo por especialistas
cuando se cuente con evidencia científica y los beneficios superen los costos.
En otras palabras, el paquete básico de servicios para toda la población se
fundamentaría en la baja complejidad.
Rodrigo
Córdoba, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas, advirtió que el 131 además define el POS como el núcleo esencial
del derecho a la salud, "con lo cual la posibilidad de que los pacientes
reclamen, mediante tutela, prestaciones excepcionales en salud, se anula",
dijo.
Constitucionalistas
consultados por EL TIEMPO opinan que lo que el Gobierno buscó con los decretos
fue regular el ejercicio de un derecho fundamental, que es el de la salud.
Julio
Guzmán, abogado experto en seguridad social, considera que "no es claro si
lo que se está haciendo es regular o restringir el ejercicio de ese derecho,
que es fundamental no sólo por ser conexo al de la vida sino porque fue elevado
a esa categoría por la Corte Constitucional".
Según
Guzmán, "si se está restringiendo, que es lo que parece estar pasando, la
norma iría en contravia de la orden de igualar los
beneficios de la salud para los colombianos, dada por la Corte al Ministerio en
la sentencia T-760. Hay que es esperar el análisis del alto tribunal".
Ayer
se conoció que la Corte dirigió un Auto al Ministerio en el que exige la
entrega de información para analizar las condiciones en las que se declaró la
Emergencia y se expidieron los decretos.
Preocupación
entre médicos por anuncio de sanciones
En
algunos gremios médicos hay zozobra por las anunciadas multas de hasta 50
salarios mínimos mensuales a quienes formulen procedimientos o medicamentos que
se salgan de los estándares sobre los que se estructurará el nuevo POS.
Juan
Pablo Poveda, presidente de Médicos Generales
Colombianos, considera que "es una medida intimidatoria,
que busca que los médicos lo piensen dos veces antes de ordenarle al paciente
algo que necesite".
Roberto
Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, opina que "ninguna
medida puede afectar la autonomía médica". Jesús Rodríguez, presidente de
la Asociación Colombiana de Neurología, afirmó que "es inconcebible que en
un Estado social de derecho se atente contra la posibilidad de darles a los
pacientes los tratamientos que necesitan".
Jaime
Donado, presidente de la Federación Odontológica Colombiana, dijo que "los
decretos acabaron convertidos en una reforma al sistema de salud, que no tuvo
en cuenta ni al Congreso ni a los profesionales de la salud". En un
comunicado, el Ministerio de la Protección Social informó que todas las medidas
fueron discutidas con el gremio médico y odontológico.
Algunas
reacciones
AUGUSTO
GALÁN S.
Ex Ministro de Salud
Los decretos en su conjunto aumentan los recursos, definen beneficios, agilizan
trámites, dan respuesta a necesidades estructurales del sistema y ofrecen
iguales beneficios en salud a los colombianos.
JUAN
CARLOS GIRALDO
Director ejecutivo Aso. Col. de Hospitales
Nos preocupa la definición del POS como núcleo del derecho a la salud, pues al
ser básico, afectará a los hospitales de mediana y alta complejidad. Deja dudas
sobre qué servicios se brindarán a toda la gente.
HÉCTOR
ZAMBRANO
Secretario de Salud de Bogotá
La liberación de recursos es muy buena, pero la red de hospitales públicos se
ve amenazada porque las EPS ya no están obligadas a contratar con ellos. Eso
pone en riesgo su existencia.
Los
usuarios de eltiempo.com se pronunciaron
Cerca
de 1.500 comentarios se recibieron en las páginas de eltiempo.com, la mayoría
de ellos critican las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Los usuarios se
quejan por lo que consideran un obstáculo al derecho a la salud.
Muchos
de los comentaristas aseguran que con estos decretos se están desviando los
aportes de salud y están condenando a muerte a los más pobres. "Me parece
de las medidas mas arbitrarias que puede cometer el gobierno, en un país donde
la gente no tiene recursos, ahora se va a tener que endeudar para pagar
cualquier medicamento que no sea Ibuprofeno",
dice IIIFFF.
Por
su parte, Foreroha afirma que "esta es una emergencia
decretada directamente para favorecer económicamente a unos grupos que se hacen
ricos a costa de la salud de los colombianos. Esta emergencia debe ser
declarada inconstitucional y los funcionarios involucrados en este montaje
deben pagar con cárcel y con su patrimonio personal o familia".
"Si
mi enfermedad es grave, prefiero morirme en casa. No tengo dinero, sólo mi
casa, y si la vendo o la hipoteco de todos modos me moriré y dejaré a mi
familia sin techo. Esta reforma sirve para asesinar, no para salvar
vidas", concluye Withgonewind.
Y Losostenible afirma que "el hueco financiero en la
salud se taparía si en lugar de violarles los derechos humanos a los usuarios,
y subirles en forma descarada los impuestos a los consumidores, se suturara la
vena rota por la que se desangra: controlando que se dé buen uso de la
tutela".
Otros
usuarios afirman que los decretos generan un retroceso de muchos años en la
prestación de salud en Colombia.
"Golpe
mortal de Uribe a la salud del pueblo colombiano y a los profesionales de la
salud. Retrocedimos 50 años por una mafia que se apoderó de la salud de los
colombianos y hace plata a manos llenas", dice Pedrolanas.
Fiax dice que "alguien me
dijo cierta vez que Colombia esta atrasada en justicia 150 años, ahora con Uribe
nos atrasamos también en salud".
Pocos
foristas defienden la medida, entre ellos 4334, que
afirma: "Vivo agradecido con el sistema de salud, yo soy consciente de que
por 70.000 pesos mensuales toda mi familia está protegida y además tenemos
odontología. Yo calculo que, teniendo en cuenta los servicios que recibimos, si
pagara de manera privada sería un promedio mensual de 250.000 pesos".
REDACCIÓN
SALUD