Detectan a 30.000
‘pobres pudientes’
Colprensa
La
más reciente actualización de bases de datos hecha con el cruce de información
del Ministerio de Hacienda y la de los afiliados al régimen subsidiado en
salud, identificó a 30.000 declarantes de renta colados en el sistema.
Así lo denunció el jefe de la cartera ministerial, Óscar Iván Zuluaga, quien
dijo que el costo de atención de estas personas es incalculable, ya que además
del valor de la UPC del régimen contributivo, que equivale a cerca de $300.000
al año, se tendría que ver si han recurrido a acciones de tutela y de
beneficios derivados para los niveles uno y dos del régimen subsidiado.
En cuanto a la reglamentación para el uso de cesantías en el pago de
tratamientos excepcionales, el funcionario reiteró que esto sólo aplicará para
los estratos más altos y será voluntario.
Ante la posibilidad de que la emergencia social sea declarada
inconstitucional, el Presidente de Anif invitó a la
presentación de propuestas.
“La Corte Constitucional ha planteado que el acceso a estas prestaciones
debe mirar la capacidad de pago y hay que garantizar que se utilicen los
recursos públicos para los de bajos ingresos”, explicó.
En este sentido, agregó que la forma de financiación o cofinanciación
de estos tratamientos excepcionales dependerá del costo del mismo y que incluso
en tratamientos que puedan tener un valor elevado, “aún siendo personas de un
mayor ingreso, es probable que haya que tener aportes complementarios”.
A su turno, Sergio Clavijo, presidente de la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif,
dijo que los decretos no pasarán el estudio de la Corte.
“El propio Gobierno acababa de aprobar una reforma tributaria y no se entiende
que en enero use los estados de excepción para, de alguna manera, ‘baipasear’
el Congreso no sólo en el lado de la tributación sino en la misma
reglamentación de la Ley 100”, declaró Clavijo.
Agregó que no hay un hecho sobreviniente y que, si el
Gobierno hubiera presentado estos temas al Congreso, éste estaba próximo a
discutirlo, por lo que considera que las medidas se suspenderán apenas la Corte
emita su concepto.